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El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal acordaron que los repartidores serán considerados, por defecto, como trabajadores asalariados. Con esta ley, las empresas están en la obligación de contratarlos, para así acabar con la figura del “falso autónomo”. 

La última reunión del diálogo social  tuvo como finalidad el definir una nueva ley del trabajo en las plataformas digitales. Sin embargo, después de tres horas de conversaciones, la reunión culminó sin un texto cerrado y sin un acuerdo entre todos los participantes. 

La Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) denunció que el acuerdo es inadmisible. Mediante un comunicado, explicó que las empresas que trabajan con modelo laboral no contratan a los repartidores. Usualmente se los pasan a los restaurantes y muchos no cuentan con los recursos para pagarles ahora. 

Entonces, los repartidores corren el riesgo de perder su trabajo, especialmente aquellos que colaboran esporádicamente, pues pierden la capacidad de decidir cuándo trabajar.

Empresas como Glovo, Deliveroo o UberEats, operan con repartidores autónomos. Esto les permite asumir menos costes directos e intermitentes, ya que no están obligadas a pagar si el repartidor no tiene actividad en determinadas horas. 

“Nosotros queremos seguir siendo autónomos, pero no con el modelo actual. Queremos fijarnos en países vecinos como Francia e Italia, que han conseguido dar mayor protección con unas condiciones pactadas como derecho al paro, derecho a prestación por enfermedad, capacidad de negociar nuestras tarifas o negociación colectiva. Una serie de ventajas que a día de hoy no tenemos”, dijo Jordi Mateo, presidente de la APRA.

Además, la asociación reclamó que no fue tomada en cuenta para esta negociación, a pesar de haber hecho protestas y solicitar reuniones. “Nosotros ya hemos convocado la siguiente manifestación, porque estamos decididos a que nos escuchen, de una forma u otra. Si hablan de nosotros, deberán hablar con nosotros”, sentenció.

Hosteleros comparten la preocupación de los repartidores

Casi 950 locales de comida que trabajan mediante plataformas de delivery le reclamaron al Gobierno una medida que no perjudique aún más al sector. En concreto, los hosteleros exigieron un marco que “aporte seguridad jurídica” al sector del reparto de comida a domicilio.

Asimismo, instó a alcanzar una solución con la que todos salgan beneficiados. A su juicio, la reciente decisión del Gobierno acabará con un sector incipiente que tiene un gran impacto socioeconómico en España. “La medida no debería ser incompatible con que las plataformas puedan ofrecer mejores coberturas y condiciones de trabajo a los repartidores”, aseguró.

Por otro lado, en su manifiesto también mencionan que una laboralización forzosa de los repartidores afecta a los restaurantes. Con esta nueva medida, la mayoría de los pequeños y medianos locales dejaría de recibir una fuente importante de ingresos. En total, podrían dejar de percibir más de 250 millones de euros solo en los primeros 12 meses.

Para los restaurantes, el reparto de comida a domicilio fue una suerte de salvavidas durante la pandemia. Tanto los negocios grandes como los pequeños invirtieron en este servicio para preservar su actividad, además de proteger puestos de trabajo. El negocio del delivery generó más de 708 millones de euros de valor añadido bruto en 2019 y contribuyó a generar o mantener más de 15.300 empleos.

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