(Tiempo de lectura: 2 min)

El mismo día en que los niños de España empiezan a salir a pasear, y que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que el levantamiento de las medidas de cuarentena dará otro paso adelante a partir del 4 de mayo, la industria alimentaria también eleva sus exigencias.

Este 26 de abril el sector alimentario ha exigido al Gobierno comenzar la desescalada lo antes posible y de forma segura para anticipar los tiempos difíciles que enfrentará en el 2020 por el descenso en las ventas en hostelería, la caída del turismo y las consecuencias del coronavirus en las exportaciones.

Así lo ha advertido Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), en una entrevista con Efeagro. García de Quevedo ha destacado que algunas compañías ya se encuentran en riesgo de desaparición dentro del sector alimentario, el cual representa un 3% del PIB y emplea a medio millón de personas.

La FIAB ha solicitado al Ejecutivo comenzar a levantar las medidas de restricción aprobadas para detener la propagación del coronavirus y la caída de los ingresos por las operaciones de la hostelería, las cuales representa cerca del 30 % de la facturación anual de la industria alimentaria.

Adicionalmente, reclama flexibilizar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para evitar la quiebra de empresas y la pérdida de empleos, y en respaldar las nuevas normativas para recuperar la actividad laboral con más seguridad jurídica.

De hecho, cita como ejemplo a fabricantes especializados en productos gourmet con capacidad de resiliencia reducida y de alto valor añadido, cuyas ventas se concentran en restauración. En este sentido, constata que compañías del sector ya han aplicado ERTE y no descarta que alguna tenga que afrontar procesos de reestructuración financiera.

Trabajadores al campo

Ante otras restricciones impuestas para contener el coronavirus, el Gobierno aprobó el pasado 7 de abril un decreto que ha permitido a los trabajadores suspendidos compatibilizar los trabajos en campañas con la prestación por desempleo, sin incluir a los afectados por ERTE en el estado de alarma. Desde el 12 de marzo, España ha perdido cerca de 890.000 ocupados, según datos oficiales.

Además, también ha autorizado la extensión temporal de permisos de trabajo a migrantes y jóvenes extranjeros en situación regular, según la norma, que facilita la contratación siempre que las personas vivan en zonas próximas a las explotaciones agrícolas.

En ese sentido, las comunidades autónomas podrían cumplir con el requisito de proximidad con comunidades fronterizas y así homologar las prestaciones y demás beneficios recogidos en el decreto, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De esta manera, los jornaleros contratados se podrán desplazar al lugar de trabajo para realizar actividades agrarias.

Algunos empresarios confirman que han recibido el visto bueno de las autoridades para contratar a personas que han participado en las recogidas de otras regiones, mientras que otros mantienen los contactos para posibilitar los traslados.

Las organizaciones agrarias han coordinado con los servicios públicos de empleo de cada comunidad para crear bolsas de trabajo, e incluso han surgido iniciativas particulares que unen a quienes ofrecen y demandan empleo.

Alrededor de 90.000 personas han solicitado trabajar en las campañas, mientras que la coordinadora de organizaciones agrícolas (COAG) ha recibido unas 3.000 peticiones y la Unión de Pequeños Agricultores, otras 400 en su lista nacional, sin contar con las territoriales.

Al sector agropecuario le preocupa comportamiento de las exportaciones, ya que en épocas de crisis la demanda se ha contraído, y desde la patronal no esperan que en esta ocasión sea diferente.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here