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La aplicación de la renta mínima vital en el Estado español ya tiene fecha: se empezará a aplicar durante el mes de junio. Así lo ha asegurado hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá. El diseño de esta nueva medida social para hacer frente a la crisis socioeconómica provocada por la Covid-19 está prácticamente terminado, según informa el Gobierno. Se trata de una medida anunciada a principios del mes de abril, pero que su complejidad ha ido dilatando su aplicación en el tiempo.

En este momento el gobierno ya acepta su solicitación durante todo el mes de mayo y se calcula que requerirá de una inversión de 3.000 millones de euros. Sin embargo, la cifra de gasto que supondrá este ingreso mínimo vital es todavía preliminar. Durante una rueda de prensa realizada hoy, el ministro José Luís Escrivá ha cifrado la cantidad como una aproximación “prudente” que se ha substraído después de cruzar datos de encuestas con de las rentas de los posibles beneficiarios.

Una de las principales incógnitas que todavía alberga la renta mínima vital son los canales por los que se deberá aplicar y su compaginación con otras ayudas i subsidios no contributivos que facilitan las Comunidades Autónomas. A día de hoy tampoco está claro si la medida será permanente o temporal durante el período excepciona provocado por la COVID-19. En este sentido, Esrivá ha asegurado hoy durante la rueda de prensa que la medida permitirá “corregir” el grado de pobreza severa que vive España. Un grado de pobreza que, según Escrivá, la OCDE ha alertado de la necesidad de revertir la tendencia.

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Una medida que no adopta los cánones de la renta básica universal

En todo caso, parece claro que la renta mínima vital impulsada por el ejecutivo español no tendrá los rasgos del concepto de renta básica universal. En este sentido, Escrivá ha valorado que para la aplicación de una renta universal se debería repensar el modelo del Estado del bienestar, y que el objeto principal de la renta mínima vital pasa para dar respuesta a familias sin ingresos.

Una de las principales características de este ingreso mínimo vital pasa por los requisitos para poder optar a la ayuda. Según fuentes del gobierno, la renta mínima no solo tendrá en cuenta los ingresos de la familia, sino que también analizará el patrimonio. Tanto los ingresos familiares como el valor del patrimonio deberán estar por debajo de un umbral todavía por determinar, aunque algunas fuentes cifran en ingresos inferiores a 200 euros para poder solicitar la ayuda.

Según el gobierno, la complejidad de la medida pasa por la vocación de asegurarse que las ayudas lleguen a las familias que realmente lo necesitan. Por eso, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  lleva semanas cruzando datos con la Agencia Tributaria y las Comunidades Autónomas para identificar los núcleos familiares más vulnerables. Además, la medida se propone analizar la situación de cada hogar, prestando una atención especial a las familias con hijos y a las familias monoparentales.  En relación a la cuantía prevista para la renta mínima vital, sin que todavía sea definitiva, se plantea que pueda rondar los 500 euros para hogares unipersonales. Una cifra que se incrementaría en función del número de adultos y menores a cargo de cada unidad familiar.

La media podría llegar a más de 500.000 hogares

La proliferación de Expedientes de Regulación de Empleo y la destrucción de empleo que ha producido la COVID19 han dejado en segundo plano el paro de larga duración. Según los últimos datos publicados por la Encuesta de Población Activa del INE, al cerrar el primer trimestre de 2020 cerca de 1,1 millones de familias cuentan con todos sus integrantes en situación de desempleo.

Según los últimos datos que maneja el gobierno, cerca del 8% de los hogares españoles no cuentan con ningún ingreso. En relación al número de hogares con algún menor a cargo sin ningún tipo de ingreso se situaba a finales de 2019 en torno a los 130.000. Una cifra que, ante el desplome socioeconómico de los últimos meses, se podría haber incrementado.  El momento con mayor número de familias vulnerables sin ingresos se vivió a finales de 2013 cuando la cifra subió hasta los cerca de 800.000 hogares. Actualmente, la cifra total de familias sin hogares se sitúa cerca de las 500.000, una cifra todavía preocupante.

El paro estructural deja fuera del sistema a más de un millón de personas

El motivo del incremento de la vulnerabilidad en los hogares españoles lo encontramos en la incapacidad del mercado laboral de reincorporar a un segmento de la población. Los efectos de la crisis financiera de 2008 todavía son evidentes en muchos hogares españoles. Y así lo demuestra un reciente informe realizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas Esenciales (IVIE). Según el informe, el 44,3% del desempleo del mercado laboral de España es estructural. Es decir, cerca de la mitad de parados en España lleva más de un año en situación de desempleo. Y aproximadamente un 30% del desempleo permanece en situación de paro durante dos años o más.

Se trata de un paro estructural que afecta principalmente a los mayores de 50 años. A pesar de vivir ciertas mejoras en los últimos siete años, siguen suponiendo la inmensa mayoría de los parados estructurales de España. Si en 2013 llegaron a suponer el 70,2% del total, actualmente representan el 60,4%.

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