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La explosión masiva causada por la detonación de casi 3 mil toneladas de nitrato de amonio almacenadas de manera insegura en el puerto de Beirut durante años tiene una derivación política esperada: la renuncia del primer ministro Hassan Diab.

Diab, que había sido nombrado en enero después de meses de disputas, se va con el país en llamas luego de que la tragedia que dejó más de 300 mil personas sin hogar expusiera lo peor de la realidad de Líbano. 

En violentas manifestaciones durante todo el fin de semana, la población pidió por el adelanto de las elecciones y por una justicia independiente, entre otros reclamos.

En su renuncia, Diab dijo que en los meses en que estuvo en el gobierno hizo todo lo posible para trazar una hoja de ruta para “salvar al país”.

¿Por qué no pudo? Según el ahora ex primer ministro, porque “la corrupción es más grande que el propio Estado” y porque se trata de “un muro muy grueso y espinoso”.

Habló de una clase política y de empresarios corruptos que están recurriendo a “todos los métodos sucios posibles para resistir y preservar su status quo“.

De acuerdo con Diab, su gobierno representó “una amenaza” para aquellos que no quieren que cambien las cosas.

En la renuncia de Diab se advierte la estrategia del gobernante saliente: presentarse como un líder reformista que fue bloqueado por una corrupción endémica que se remonta a años.

El Parlamento ahora tendrá la responsabilidad de escoger un nuevo primer ministro, en un proceso que, se especula, no será fluído ni rápido debido al complejo sistema político del país. 

El poder en el Líbano se comparte entre varios líderes que representan a los diferentes grupos religiosos.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que luego de la guerra civil que envolvió al país entre 1975 y 1990, varios caudillos entraron en política y todavía controlan gran parte de los sectores económicos y sociales.

Muchos de los manifestantes del fin de semana señalaron al sistema político como responsable de la grave corrupción.

Más de 220 muertos en Beirut

El número de muertos por la explosión alcanzó los 220 este lunes, aunque aún queda un centenar de personas siguen desaparecidas. Entre estos últimos, decenas de trabajadores extranjeros y conductores de camiones que estaban en el puerto a punto de cargar o descargar productos al momento de la explosión.

La enorme detonación dañó edificios en un radio de varios kilómetros alrededor de Beirut. El gobierno estima que las pérdidas económicas directas ascienden al menos 2.500 millones de euros.

 

Para sumar problemas, el país ya estaba sufriendo una grave recesión económica desde antes de la explosión, con decenas de miles de familias empujadas hacia la pobreza y el hambre.

Impuesto a Whatsapp

El descontento en el Líbano no es nuevo. Basta recordar que a fines de 2019, un plan para gravar con impuestos las llamadas de Whatsapp derivó en protestas masivas contra el gobierno y terminaron la salida del anterior primer ministro.

La crisis del coronavirus había frenado en cierta forma las manifestaciones, pero la situación financiera del país, primero, y la explosión en Beirut, terminaron por generar un clima insostenible para Diab, que no pudo completar ocho meses al frente del país.

Antes de la dimisión del primer ministro de este lunes, varios ministros ya habían ofrecido su renuncia.

El gran problema de Líbano es su deuda pública. Debe a distintos fondos y organismos internacionales la friolera de 75.000 millones de euros, lo que equivale al 160 por ciento de su producto interno bruto.

En el ranking de corrupción estructural elaborado por Transparencia Internacional está en el puesto 137 de 180.

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