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La Comisión Europea ha dado luz verde a conceder una primera línea de financiación a los Estados miembro de la Unión Europea, entre ellos España, para sufragar el coste de los ERTE.  Esta línea de financiación anunciada por Bruselas en abril estará dotada con 81.400 millones de euros en forma de créditos a muy bajo interés. De entre los 15 países que contarán con dicha concesión, España es el segundo que obtendrá mayor importe, solo por detrás de Italia. En concreto, España obtendrá 21.300 millones de euros, tal y como se acordó ayer en la propuesta formalizada por la Comisión Europea. La propuesta de la Comisión Europea se asemeja a la petición que había realizado el Estado Español hace apenas tres semanas, cuando solicitó una línea de financiación de uno 20.000 millones de euros para sufragar los ERTE.

Esta línea de financiación de la Comisión Europea, denominada SURE, va enfocada a sufragar los costes extraordinarios de los Estados en materia de prestaciones provocadas por la Covid-19. La línea de financiación no cuenta con ninguna condicionalidad específica y está disponible para todos los países que lo soliciten. De los 17 países solicitantes, la mayoría de ellos pertenecen al sur del continente, con España e Italia como principales beneficiados. Entre la financiación recibida para el gobierno español e italiano se superan los 48.700 millones de euros, más de la mitad del total del fondo de la Comisión Europea. Otros países también beneficiados por la línea de financiación de Bruselas son Polonia, Grecia, Portugal, República Checa y Hungría, entro otros.

Dichos créditos concedidos a los estados de la Unión Europea que lo soliciten se encuentran respaldados por el sistema de garantías de la Unión Europea (RNB), que se nutre de una aportación proporcional a la renta nacional bruta de los estados miembro.

Nuevas peticiones para la generación de un seguro de desempleo supranacional

El anuncio de la Comisión Europea de la primera partida de financiación para atajar el impacto de la Covid-19 en el empleo de Europa ha conllevado nuevas peticiones para una actuación conjunta de la Unión Europea para asegurar el mercado de trabajo comunitario. En concreto, la petición viene del Banco de España, que considera necesario combatir “la ausencia de una política fiscal genuinamente europea” que permita estabilizar la economía de la zona euro. La petición del Banco de España se produce tras detectar la ausencia de una política fiscal europea que permita tomar acciones conjuntas en todo el viejo continente. “Para paliar esta carencia resultaría de interés que la Comisión Europea diseñase algún tipo de mecanismo europeo de estabilización macroeconómica, como un seguro de desempleo supranacional, y fomentar a proyectos de cooperación europeos”, asegura la entidad.

Según el Banco de España, solo con una actuación conjunta de toda la Comunidad Europea se podrán afrontar retos globales como “el reducido crecimiento de la productividad, la digitalización, el envejecimiento de la población o el cambio climático”. Unos retos que ya forman parte de la agenda política de la Comisión Europea y que se quieren integrar en el plan de recuperación económica que finalmente la Unión Europea ha aprobado para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, la falta de una política fiscal conjunta de directrices europeas eficaces en ciertos ámbitos sociales y económicos ponen de manifiesto las dificultades de la Unión Europea para coordinar el progreso económico del conjunto de la Unión Europea.

Los autónomos piden que los 21.300 millones de la Comisión Europea no se destinen solo a los ERTE

Y debido al anuncio de la Comisión Europea de otorgar más de 21.000 millones de euros a España para sufragar los ERTE, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha reclamado que parte de la financiación también se destine a los trabajadores autónomos. En palabras de su presidente, Lorenzo Amor, la Federación considera que la Comisión Europea también fija como objetivo financiar las ayudas a los autónomos. Por otro lado, Amor también ha instado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a poner en marcha la prestación extraordinaria de cese de actividad.

La reclamación de la ATA se produce en un contexto de cuenta atrás para las ayudas a empresas y autónomos, que fija su límite en el próximo 30 de septiembre. Unas ayudas que fueron consensuadas en el mes de julio entre los agentes sociales y el gobierno en el que se establecen nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales para los cerca de un millón y medio de trabajadores autónomos que cuentan con beneficios de la prestación extraordinaria.

El acuerdo fija que los beneficiarios autónomos no tendrán que pagar las cotizaciones sociales del mes de julio y tendrán una exoneración del 50% durante el mes de agosto y del 25% en el mes de septiembre. A dichas exoneraciones se les suma la prestación por cese de actividad ordinario a aquellos autónomos que vieron caer su facturación en más de un 75% durante el tercer trimestre del año. Sin embargo, dichas ayudas se podrían terminar a partir del mes de octubre si no existe un nuevo acuerdo entre el ejecutivo y los agentes sociales.

Los autónomos exigen nuevas medidas de apoyo a partir de octubre

De hecho, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ya ha exigido nuevas medidas para apoyar a los trabajadores autónomos a partir del 1 de octubre. En este sentido, la ATA se muestra partidaria de volver a prorrogar los ERTE y aumentar las líneas de crédito ICO, así como el aplazamiento de impuestos y deducciones en el IRPF y el IVA en algunos sectores empresariales.

Dichas medidas fueron lanzadas hace unos días por ATA a través del “decálogo de medidas de urgencia” publicado por la Federación. En el decálogo la federación contempla un “panorama desalentador con desconfianza por parte del consumidor y los empresarios” que afectan y seguirán afectando en la actividad empresarial de miles de autónomos. En este sentido, Amor considera que nos adentramos a “un otoño e invierno muy duros” y exige al ejecutivo central prorrogar todas las medidas económicas de apoyo a los autónomos hasta el próximo 1 de abril de 2021.

Por otro lado, la ATA alerta que la primera oleada de la pandemia ya se cobró la destrucción de la actividad empresarial de unos 135.000 trabajadores autónomos y que la “segunda oleada” de finales de 2020 podría ser todavía peor.

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