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Hostelería España ha acordado crear una comisión jurídica que defina las acciones legales que la patronal podría tomar ante la entrada en vigor de las nuevas medidas sanitarias. Así lo han reconocido las 50 organizaciones asociadas a la patronal en un comunicado compartido este miércoles 19 mediante su página web.

El pasado viernes el Ministerio de Sanidad y cada gobierno regional aprobaron una serie de medidas sanitarias que afectan a la industria de restauración. Entre ellas, ha extendido a cada región la medida de prohibir mesas con más de diez comensales en restaurantes.

Por ello, de manera coordinada, Hostelería analizará los recursos a su favor que cada comunidad autónoma podría interponer a sus normas respectivas. En su opinión las resoluciones son “no justificadas, sin una medición del impacto y discriminatorias con respecto a otros sectores”.

“En ningún momento se acompañan de medidas compensatorias y de apoyo a un sector muy dañado” por el impacto de la pandemia por COVID-19, ha expresado el comunicado.

Al contrario, el presidente de Hostelería, José Luis Yzuel considera que se ha “criminalizado” un sector que ha actuado “con responsabilidad”.

Para expresar este descontento, la patronal ha decidido, además de esta comisión jurídica, iniciar concentraciones en diferentes zonas del territorio español que reflejen el “tremendo malestar” ante las medidas restrictivas por parte de los trabajadores del sector, que antes de la pandemia generaba 1,7 millones de empleos.

El viernes y sábado los trabajadores han sido convocados a concentrarse en las provincias de Castilla y León. León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora serán puntos de estas concentraciones. El domingo 23 de agosto respaldarán una manifestación en la localidad alicantina de Benidorm, según ha desglosado la nota.

Afectaciones por la pandemia

Hostelería España no ha dejado de insistir en el impacto negativo que les ha traído la pandemia a sus trabajadores y que se empezó a sentir inmediatamente después de que iniciaran las medidas de confinamiento en marzo. Ya al mes siguiente 900 mil empleados se encontraban acogidos bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor. Una cifra que no reduciría hasta junio, donde todavía mantenían el 40% de su fuerza laboral bajo este paraguas.

El último balance, compartido el 31 de julio, indica que todavía un 20% de estos trabajadores tienen un ERTE, es decir, aproximadamente 342 mil.

Además, entre abril y junio el sector había perdido permanentemente 400 mil trabajadores frente a al millón 800 mil que trabajaban un año atrás.

Entre enero y mayo los establecimientos de restauración habían facturado la mitad de lo que lo habían hecho el año anterior. Sobre todo, la crisis se ha evidenciado en las cifras de abril y mayo con una caída de 94,4% y 87,1% en ventas, respectivamente.

Turismo nulo

Además del confinamiento, otra causa que ha incidido en la caída del sector ha sido la inexistencia de turismo en España. En el primer trimestre del año la cifra de turistas había bajado más de un 90%, ya que apenas 205 mil personas visitaron el país. En abril y mayo no ingresó ningún turista al país y en junio apenas existió un avance en el levantamiento de restricciones de movilidad.

Como consecuencia, en los meses de abril y mayo, se dejaron de recibir al menos 11.800 millones de euros que se alcanzaron en los mismos meses de un año atrás.

En cuanto al alojamiento, entre abril y junio hubo 4,3 millones de pernoctaciones, distribuidas casi equitativamente entre hoteles y otro tipo de alojamiento. Mientras que el año anterior esta cifra había alcanzado casi 127 millones.

A pesar de la recuperación del sector en los últimos meses, que no palia el dinero ya perdido, la evolución de rebrotes este mes de agosto ha puesto en amenaza las previsiones de recuperación.

Solo debido a rebrotes, restaurantes y centros de alojamiento ya han afrontado pérdidas de 65.000 euros que pueden ascender a 85.000 en el peor de los escenarios, ha estimado la patronal. Asimismo, la facturación podría suponer descender por encima del 50%, con pérdidas totales de hasta 67.000 millones de euros en la industria.

Esto significaría entre 900.000 y 1,1 millones de empleos menos, entre directos e indirectos.

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