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El Fondo Monetario Internacional pidió a los gobiernos de la eurozona que desembolsen un nuevo estímulo financiero por el orden de 3% del PIB en sus respectivos países, entre este y el próximo año. Por su parte, la CE pedirá un préstamo por 150 mil millones para el financiamiento del fondo de recuperación de la zona euro.

Las autoridades del organismo de crédito multilateral estiman que este estímulo adicional serviría para impulsar el crecimiento económico en alrededor del 2% para finales de 2022. Además, contribuiría a disminuir los efectos negativos dejados por la pandemia de coronavirus.

En su informe sobre la perspectiva regional para los países europeos, el FMI destacó que el impulso fiscal extra podría seguirá a una consolidación económica mayor después de que se haya reducido el exceso de capacidad.

Más beneficios para los sectores pobres de Europa

El organismo prevé que la ayuda “adicional del orden del 3 por ciento del PIB durante 2021-22 podría elevar la producción en aproximadamente un 2 por ciento para fines de 2022”. El informe agrega que el estímulo también podría “reducir a más de la mitad las cicatrices a mediano plazo debido a los fuertes efectos del lado de la oferta”.

El beneficio para los hogares de bajos ingresos sería mayúsculo y tendría “menos efectos secundarios que el estímulo monetario adicional”, subraya el informe. Al tiempo que “acercaría la inflación a la meta en muchos países y ayudaría a reconstruir el espacio de la política monetaria”, algo que las autoridades de la eurozona luchan por conseguir.

En 2020 los países de la eurozona desembolsaron un poco más de 3 billones de euros mediante distintos esquemas de liquidez y de estímulo fiscal en cada país con el objetivo de mantener a flote sus economías golpeadas por el virus de origen chino.

Mientras tanto, algunos países como Italia ya han anunciado que adoptarán nuevas medidas de apoyo a su economía. El país se ha visto nuevamente amenazado por una tercera ola de la pandemia, lo que ha provocado que se extremen los bloqueos en las regiones más afectadas.

Esta política concuerda con la propuesta de su representante ante el Banco Central Europeo (BCE), Fabio Panetta de mantener el estímulo en la zona euro para no correr riesgos. Aunque los países del norte europeo, más ricos y con economías más estables, piensan que es tiempo de pensar en recortarlos.

Sede principal de la Unión Europea en Bruselas.

UE tomará €150.000 millones anuales para fondo de recuperación

La Comisión Europea tiene previsto pedir préstamos por unos 150.000 millones de euros cada año hasta 2026. Este plan sin precedentes del bloque europeo, está dirigido al financiamiento del plan de “reverdecimiento” y la digitalización de la economía. De esta forma la eurozona se convertiría en el mayor emisor de deuda en euros.

El plan económico de la Unión Europea fue acordado inicialmente en un monto de €750,000 millones a precios de 2018. En la actualidad asciende a €807,000 millones. Este dinero será distribuido en €338.000 millones para subvenciones y otros €386.000 millones destinados a préstamos para los 27 países miembros de la UE.

El resto del dinero servirá para financiar programas conjuntos del bloque y será distribuido en los próximos cinco años. Un tercio del dinero será destinado a programas de reducción de las emisiones de CO2 en las 27 economías de la zona euro.

Cada gobierno de la UE podría obtener el 13% de su cuota parte este año. Si los solicita antes de que los proyectos subvencionados por el programa alcancen las metas y los objetivos acordados.

En caso de que los 27 gobiernos en conjunto dispongan de las subvenciones en 2021, se calcula que para el tercer trimestre los préstamos de la UE estarían por el orden de los €45 mil millones de euros, informó el comisionado de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn.

A fin de que el endeudamiento de los gobiernos de la UE no se desplace, el plan de financiación será publicado con un semestre de antelación. De este modo, todos los países tengan el tiempo suficiente para planificar sus inversiones.

Desembolsos se harán cuando cada país ratifique la Ley

Johannes Hahn

La Unión Europea planea subastar bonos mediante un procedimiento de sindicación, a través de una red de distribuidores primarios. Esto permitirá hacer pagos regulares conforme los gobiernos vayan completando cada una de las etapas acordadas de los proyectos y las reformas.

De acuerdo con la Comisión, se emitirán bonos con distintos vencimientos de referencia (3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 y 30 años). Al igual que letras del tesoro con un vencimiento inferior a un año.

Tan pronto los 27 parlamentos nacionales de los países de la UE debatan y ratifiquen la ley de Decisión de Recursos Propios del bloque, comenzarán a desembolsarse los préstamos. Desde el año pasado la Comisión Europea ha previsto este proyecto de ampliación del umbral de gasto de la UE. La idea es elevarlo al 2% de la renta nacional bruta (RNB) del bloque hasta 2058.

Hahn dijo que las estructuras del bloque estarán listas para junio y a partir de ese momento podrían comenzar a pedir préstamos. Pero todo dependerá de la rapidez con que los estados miembros ratifiquen la ley comunitaria.

La deuda se pagará con nuevos impuestos

Los países de la zona euro necesitan ratificar la ley para garantizar el presupuesto de la eurozona, lo que permitirá a la UE pedir préstamos a los tipos más bajos del mercado. El reembolso de este estímulo crediticio procederá de los impuestos que la UE acuerde en los próximos años. No de los presupuestos de cada país.

A partir de 2028 se comenzarían a pagar estos préstamos que se calculan mantener hasta el 2058. Cada país deudor y subvencionado por el presupuesto de la UE pagará por separado su préstamo, mediante un impuesto que todavía no ha sido acordado por el bloque.

El impuesto será con arreglo a los bienes que importe la UE desde países con normas de emisiones de CO2 menos estrictas. Entre los nuevos gravámenes figura el sector transporte, un impuesto digital y un impuesto a las transacciones financieras.

Así mismo, se espera establecer una contribución financiera por parte del sector empresarial. A menos que se diseñe una nueva base impositiva empresarial de carácter común.

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