María Jesús Montero, ministra de Hacienda, anunció que aquellas empresas españolas que se amparen en el fondo de rescate, con el fin de aumentar su solvencia por el impacto de la pandemia, no podrán pagar dividendos.
Dichas condiciones y requisitos fueron aprobados el martes 21 de julio por el Consejo de Ministros. Las compañías que reciban ayuda tampoco serán capaces de abonar primas ni retribución variable a sus consejeros.
Cuando empezó el mes de julio, el Gobierno autorizó la creación de nuevas líneas de crédito de hasta 50.000 millones de euros. Asimismo, aprobó un fondo de 10.000 millones de euros para eventuales rescates de empresas españolas de sectores estratégicos.
El fondo tiene como fin brindar apoyo público temporal a empresas no financieras afectadas por la pandemia y consideradas estratégicas a nivel nacional o regional. Para acceder a él, las empresas españolas afectadas deberán presentar una solicitud por escrito.
En ella, tienen que constatar que su domicilio y centros productivos están en España, que no estuviera en crisis (ni en concurso voluntario ni en situación de insolvencia) a 31 de diciembre de 2019. También tienen que estar al día con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Deben estar exentas de condenas por cohecho, prevaricación, malversación fondos públicos, tráfico de influencias o delitos urbanísticos.
Igualmente, debe constatar que, de no recibir auxilio del Estado, cesará en su actividad y atravesará graves problemas para mantenerse en pie. Dichos impedimentos tienen que evidenciarse por el deterioro del coeficiente deuda/capital del beneficiario.
El manejo de la ayuda económica para las empresas españolas
El fondo será administrado por un Consejo Gestor a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), acomodado a la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea. Asimismo, está enmarcado en la estrategia europea de medidas de apoyo económico público frente al coronavirus.
El Ministerio de Hacienda informó que la utilización del fondo atenderá a la importancia sistémica o estratégica del sector de actividad o de la organización. Será tomada en cuenta la relación de la empresa española con la salud y la seguridad pública, su naturaleza innovadora o el carácter esencial de los servicios que presta.
De igual forma, se considerará el papel de la empresa en la consecución de los objetivos de medio plazo en el ámbito de la transición ecológica, la digitalización y el aumento de la productividad y el capital humano.
Asimismo, las empresas españolas que recurran al fondo tienen que justificar que su cierre tendría un impacto negativo en la economía y en el empleo. Además, deben presentar un plan de viabilidad a medio y largo plazo. En él resaltarán el uso que le darán a los recursos públicos solicitados y con previsión de reembolso.
Restricciones
Está estrictamente prohibido que los beneficiarios destinen la ayuda estatal para hacer una expansión comercial o asumir riesgos excesivos.
Tampoco pueden distribuir dividendos, abonar cupones no obligatorios o adquirir participaciones propias. Mucho menos abonar primas u otros elementos de remuneración variable o equivalentes.
El importe mínimo será de 25 millones de euros por empresa, a excepción de casos justificados. En lo que respecta al máximo, se determinará el que sea imprescindible, siempre que no sobrepase el patrimonio neto de la compañía al 31 de diciembre 2019.
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