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Las empresas energéticas cubrirán los costos asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE). Los mismos dejarán de formar parte del recibo de luz por orden del Gobierno. La medida aplica para compañías comercializadoras de electricidad, gasistas y petroleras.

El Consejo de Ministros, por solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó este martes la tramitación del anteproyecto de Ley. Mediante la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), el Ejecutivo busca rebajar la factura en al menos un 13% en cinco años. 

El Ministerio señaló que el objetivo es evitar subidas en el precio de la electricidad, al igual que aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema. También tienen la intención de dar señales claras de electrificación de la economía e incentivar la inversión en los próximos años.

El fondo asumirá los costos asociados al RECORE, unos 6.000 millones de euros anuales que supone el 16% del recibo de luz. El monto será recortado de las facturas de luz de hogares y empresas y el financiamiento del mecanismo vendrá de las aportaciones de todas las empresas energéticas.

De este modo, los sujetos obligados a la financiación del fondo serán las empresas energéticas en función de sus ventas. Es decir, empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor. A diferencia del sistema actual, el aporte ya no recae directamente sobre los consumidores finales.

En ese sentido, el sector que más debe contribuir es el petrolero, con el 43% (unos 3.000 millones de euros). Le siguen el eléctrico, con el 31% (un poco más de 2.000 millones de euros) y el gasista, con el 25% (unos 1.700 millones de euros).

Reforma en el sistema eléctrico

Si las empresas energéticas no asumen este costo, la Ley vigente obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz. Esto supondría un aumento entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura, lo cual derivaría en una subida media del 6,5% en un solo año. 

Por ello, el Gobierno rediseñó el sistema energético, creado en 2012 por el Ejecutivo del PP para contener el déficit de tarifa. El mismo fue concebido en un contexto donde los precios de la electricidad eran altos. También había una fuerte presencia de tecnologías fósiles y una demanda creciente para adaptarlo a los objetivos de descarbonización.

En el escenario actual, hay una baja de la demanda por el protagonismo de la eficiencia energética. Asimismo, los precios disminuyen cada día más por la mayor penetración de renovables. Esto representa un riesgo para el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico.

Con la creación del fondo, el Ejecutivo busca equilibrar el sistema sin aumentar los cargos fijos ni elevar su endeudamiento. De este modo, anticipa respuestas para darle seguridad a las inversiones de nuevos proyectos de energías renovables y eficiencia energética.

“Es una propuesta fundamental para conseguir dar las señales adecuadas a consumidores e inversores, señales acordes con la descarbonización y la transición energética necesaria”, aseguró la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La posición de las empresas energéticas

Por su parte, las empresas energéticas no van a litigar, como suele ocurrir cuando aplican cambios regulatorios en el sector. Además, a su juicio, la normativa es muy sólida jurídicamente. 

La medida no es fiscal, sino que es una prestación no tributaria. Se nutrirá de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 y de los ingresos procedentes de subastas de CO2. Igualmente, se complementará con los recursos de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Se estima que el fondo tenga una implantación total en los próximos cinco años. El mismo será gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). El objetivo es facilitar la adaptación de todos los actores implicados mediante una aplicación gradual del nuevo marco legal.

De igual forma, el Ministerio dispondrá instrumentos públicos de apoyo para acompañar a las empresas energéticas en la transición. La implantación gradual también le permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo al nuevo escenario.

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