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El Tribunal Supremo ha dictaminado hoy que los “riders” de Glovo realizan su actividad profesional como falsos autónomos. El fallo del alto tribunal español termina así con un largo proceso judicial abierto por parte de los trabajadores de Glovo y abre la puerta a que la compañía tenga que pagar requerimientos millonarios a la Seguridad Social en concepto de cuotas no abonadas durante los últimos años. La sentencia del Tribunal Supremo asegura que, a partir de ahora, los trabajadores de Glovo deberán ser considerados como asalariados y no autónomos, por lo que la empresa se deberá hacer cargo de las cotizaciones de la Seguridad Social de sus repartidores.

El Tribunal Supremo alega que la “relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene una naturaleza laboral”. De esta forma, el alto tribunal español considera que la empresa no actúa como una “mera intermediaria” entre el repartidor y el cliente, sino que existe una relación de jerarquía entre Glovo y sus riders. “Se cumplen las notas definitorias del contrato de trabajo examinado en particular las de dependencia y ajenidad”, cita textualmente el Tribunal.

Más concretamente, el Tribunal Supremo considera Glovo como “una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador”. El fallo se ha publicado días antes de que el alto tribunal haga pública la sentencia completa sobre el contencioso.

Glovo “respeta” la sentencia del Tribunal Supremo pero pide un “marco regulatorio adecuado”

El fallo del Tribunal Supremo ha comportado una respuesta prácticamente inmediata por parte de Glovo. La compañía de repartos ha emitido un comunicado donde asegura “respetar la sentencia del Tribunal Supremo”. Sin embargo, en el mismo comunicado la compañía pide “la definición de un marco regulatorio adecuado por parte del Gobierno y de Europa”.  En el mismo comunicado, Glovo recurerda que “el debate se encuentra abierto” en los tribunales. Glovo justifica que la compañía ha contado con sentencias favorables a su modelo de relación con los repartidores como “la última del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSUE).

De hecho, Glovo ya había pedido al Tribunal Supremo que llevase el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una cuestión prejudicial. Una petición que el alto tribunal español ha rechazado y que hubiese comportado la dilatación del debate en el tiempo.

Ante la situación de “debate abierto” que considera la compañía, globo asegura encontrarse “a la espera de la definición del marco regulatorio por parte del Gobierno”. Una regulación que Glovo no solo atañe al ejecutivo español sino también a “los organismos europeos”. De hecho, en el comunicado Glovo recuerda que la empresa “siempre ha defendido” una regulación explícita para su modelo de negocio a nivel español y europeo. “Las resoluciones judiciales versan sobre situaciones concretas de un modelo en constante evolución” se añade en el comunicado.

Finalmente, Glovo entiende que la nueva regulación debe ser promovida “en base al diálogo entre todos los intersados”. De esta forma, la compañía se muestra activa a “mantener una posición abierta y de consenso con las asociaciones, los agentes sociales y el Ministerio”.

300 trabajadores y más de 30.000 repartidores

La sentencia del Tribunal Supremo puede poner en entredicho el modelo de negocio de la startup de reparto de comida a domicilio. Según datos proporcionados por la misma empresa a finales de 2019, Glovo cuenta una plantilla de unos 300 empleados. En cambio, el número de “riders” contratados como falsos autónomos, según la sentencia del Supremo, se eleva hasta 30.000. De ellos, unos 7.500 se han contratado en España. A pesar de que Glovo no mostró públicamente el gasto que suponen los “riders” para la compañía, se calcula que el coste podría rondar los 40 millones de euros en todo el mundo. Esta cifra supone cerca del 50% de los gastos totales de la compañía, por lo que la sentencia del alto tribunal español podría poner en duda la continuidad del modelo de negocio.

De hecho,  a pesar de la facturación creciente de la compañía, Glovo cerró el 2018 con pérdidas. Más concretamente, en 2018 Glovo facturó 52,3 millones de euros, una cifra que supone un incremento del 268% respecto a 2017. Sin embargo, en 2018 la copañía registró pérdidas por valor de 45,7 millones de euros. Una cifra muy superior a los 5,6 millones de pérdidas de 2017. Actualmente Glovo opera en 200 ciudades de 26 países distintos y, consecuentemente, ha redoblado sus gastos en personal y “riders”. De hecho, el gasto en los repartidores y otros “servicios exteriores” se disparó de los 19,8 millones en 2017 a los 82,6 millones en 2018.

Ante esta situación,  Glovo ha mantenido su viabilidad económica gracias a las rondas de financiación. Unas rondas de financiación que desde 2015 han dado una liquidez de más de 300 millones de dólares a la compañía. Además, tanto en 2018 como en 2019 han contado con rondas de financiación de más de 110 millones.

Victoria contundente de los ‘riders’ en su guerra particular contra Glovo

El fallo del Tribunal Supremo pone fin, al considerarse una sentencia firme, a más de dos años de luchas legales entre los repartidores de Glovo y la compañía. Organizados a través de la Asociación Autónoma de Riders (AAR), los repartidores han pedido también a Glovo un conjunto de peticiones para cumplir a lo que consideran óptimo para una afiliación por cuenta propia. Entre las peticiones de los ‘riders’ destaca la exigencia de más horas de trabajo, modificar el sistema de asignación de pedidos y cambios en los modelos de valoración del cliente y tiempos de espera. También pedían revisar las tarifas y que el material de reparto sea gratuito. Unas peticiones que ahora se encuentran en vilo ante el escenario que puede dibujar el fallo del Tribunal Supremo en la viabilidad de la empresa.

 

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