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El proceso de fusión entre las entidades bancarias Caixabank y Bankia cuenta con el visto bueno oficial del gobierno de España, ha despertado discrepancias severas entre los dos socios del ejecutivo: PSOE y Unidas Podemos. Ayer por la mañana, tras confirmarse la voluntad de las dos entidades de cristalizar el proceso de fusión bancaria, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, consideró “muy positiva” la iniciativa llevada a cabo. Sin embargo, desde las filas de Unidas Podemos se alertaban de las consecuencias que podría tener la fusión para el sistema bancario español. Las primeras discrepancias las declaró la ministra de Igualdad, Irene Montero, que consideró “preocupante” la operación bancaria.

Sin embargo, los recelos entre los socios de gobierno ante la fusión de Caixabank y Bankia (rescatada con dinero público y de la cual el gobierno es el principal accionista) han idos a más esta mañana. El vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha desvelado hoy que la fusión entre Caixabank y Bankia despertó una notable discusión dentro del gobierno de España. “En la discusión sobre el programa, yo le insistí mucho a Pedro Sánchez en que mantuviéramos Bankia como un banco público. Perdí esa discusión”, aseguraba esta mañana Iglesias en una entrevista en la Cadena SER.

De hecho, según fuentes del partido de Unidas Podemos, el vicepresidente del gobierno y Secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, conocía la gestación de la operación desde hace semanas, pero no se le informaba de los detalles. Unos detalles orquestados por la Vicepresidenta tercera del gobierno y Ministra de Economía, Nadia Calviño. En este sentido, Iglesias ha declarado hoy que le hubiese gustado que “el destino de Bankia hubiese sido diferente”.

Bankia solo ha devuelto el 9% de los 64.000 millones de rescate

La fusión entre Caixabank y Bankia, si se acaba materializando, conllevará la creación de la mayor entidad bancaria española, pero sigue en duda todavía el papel que tendrá la entidad ante la deuda todavía existente del rescate bancario que vivió Bankia en 2012. Según datos del Banco de España, en 2019 Bankia tan solo había devuelto el 9% de los cerca de 64.000 millones de euros públicos que recibió durante ese periodo. El Banco de España ya alertaba en 2019 que Bankia solo había sido capaz de devolver 5.150 millones de toda la cantidad adeudada. Además, el organismo español alertaba que a través de la privatización de Bankia solo se podrían recuperar unos 10.000 millones de euros. Una cifra que supone menos de la mitad del coste del rescate para las arcas públicas.

De hecho, la principal discrepancia entre los socios de gobierno ante Bankia pasa por el peso de la titularidad pública en sus acciones. Actualmente, el ejecutivo español controla el 61,8% de las acciones de Bankia a través del Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob). Un porcentaje que, para Podemos, supone una oportunidad de hacer de Bankia la principal banca pública del país. Sin embargo, con el proceso de fusión de las dos entidades, la administración pública dejará de ser el principal accionista de la entidad. De hecho, según Bloomberg, el Estado pasaría de controlar el 61,8% de Bankia al 14% de la futura nueva entidad. De este modo, la Fundación La Caixa (principal accionista actualmente de Caixabank) sería la mayor accionista con cerca del 30% de las acciones. Las compañías Telefónica y Norges Bank se convertirían en el tercer y cuarto accionista con mayor peso, respectivamente.

Calviño asegura que la “confidencialidad” impedía informar a Podemos sobre el proceso de fusión

Las discrepancias entre los socios de gobierno por el affaire Bankia publicadas hoy denotan diferencias substanciales en el proyecto económico de las dos formaciones. La opacidad de los ministros socialistas a la hora de informar sobre el proceso de fusión  ha molestado a las filas de Unidas Podemos. Y todavía lo hizo más cuando el Diari ARA publicaba la exclusiva del proceso de fusión entre las dos entidades el pasado viernes. Sin embargo, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño ha querido justificar esta opacidad calificándola como “imprescindible” para salvaguardar la confidencialidad de una operación de tal envergadura. Según Calviño la “confidencialidad” es clave para cualquier operación de concentración. Una confidencialidad que, según la ministra, también afecta al propio Consejo de Ministros.

El gobierno explorará nuevas posibilidades del ICO como principal banca pública española

Pero las discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE no atañen al proyecto de Bankia, sino a la capacidad del gobierno de conformar una entidad pública que pueda competir en el actual sistema bancario español. Por ello, tanto el presidente del gobierno como la ministra de Asuntos Económicos se han apresurado en identificar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como la herramienta más adecuada para llevar a cabo dicha entidad. De hecho, la posibilidad de convertir el ICO en una entidad capaz de otorgar financiación a particulares se lleva discutiendo en el gobierno desde principios de año.  Se trata de un proyecto que ha quedado paralizado por los estragos de la pandemia generada por la Covid-19 en el país, pero que todavía no está completamente definido.

De hecho, la principal discusión entre PSOE y Unidas Podemos sobre el futuro papel del ICO pasa por los servicios que pueda ofrecer a los particulares. El PSOE ve con buenos ojos cambiar el nombre de la entidad para crear una imagen más bancaria pero se opone a que el ICO admita también depósitos. De este modo, a día de hoy se concebiría el ICO como un instrumento de préstamo también para particulares, pero no está sobre la mesa crear una entidad con las mismas especificaciones que la banca comercial.

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