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Escucharon a los sindicatos. La ministra de trabajo, Yolanda Díaz ha informado que el Gobierno ha acordado no permitir los despidos que aleguen causas relacionadas con el COVID-19 (los llamados “despidos objetivos”) y vigilar los posibles “fraudes” en los de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicados estas semanas.

“No se puede utilizar el COVID-19 para despedir”, ha señalado Díaz a la prensa este viernes 27 de marzo luego de Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado un nuevo paquete de medidas laborales. Entre las decisiones está “no considerar justificado el despido” por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor relacionadas con la pandemia.

No más “despidos exprés”

Así como lo habían anunciado las Comisiones Obreras, Díaz ha anunciado que se han activado los mecanismos legales para acudir al ERTE por lo cual “no es necesario despedir a nadie en nuestro país”, ha dicho.

También ha recordado que los jueces están en la potestad de decidir si los despidos son procedentes o improcedentes en caso de que el trabajador demande, y que en ningún momento es decisión del Gobierno.

Esta advertencia la ha hecho el gobierno para evitar lo que en el 2008 se conoció como el “despido exprés”. Cuando España atravesaba la deuda soberana europea las empresas optaron por despedir a los trabajadores bajo el reconocimiento de que sus despidos no procedían. De hecho, 65% de los despidos se hicieron bajo esta modalidad. Esto duró hasta la reforma laboral del 2012.

Además de la prohibición del despido objetivo, el Gobierno ha acordado un mayor control de los ERTE a los que están acudiendo miles de empresas y ha señalado que habrá sanciones si se hace un mal uso de las cuantías administradas por la Seguridad Social. Según ha explicado, los ERTE se han prestado para casos de “fraude”, lo cual justifica un detenimiento por parte de las autoridades en cada caso.

Asimismo, el Gobierno ha acordado que los contratos temporales se mantengan hasta que concluya la crisis sanitaria.

Es decir, que no cuente el tiempo en el que la empresa tenga parada la actividad y puedan alcanzar su duración máxima efectiva cuando pase esta situación.

Prestación social a los trabajadores a partir del 10 de abril

También se han concretado los mecanismos para que la prestación de desempleo se solicite directamente por parte del empresario que ha pedido el ERTE, lo que agilizará los trámites para que los trabajadores puedan cobrar cuanto antes.

Anunció que, para ello, se habilitará un formulario que cumplimentarán las empresas con datos de los trabajadores y mandarán al SEPE, que ha reforzado en 1.000 personas su plantilla.

La prestación social se pagará a partir del 10 de abril.

Los sindicatos UGT y CCOO, que ayer cifraron en un millón los despidos este mes de marzo y en más de un millón los afectados por ERTE, han valorado las medidas, en línea con sus reclamaciones, y han pedido seguir extremando la protección a los trabajadores en esta crisis.

Desde CEOE y CEPYME han considerado que las nuevas medidas llevarán a un mayor nivel de desempleo.

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