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El Gobierno de España está trabajando en un nuevo paquete de ayudas directas para las empresas y sectores económicos más afectado por la crisis económica generada por la Covid-19. Esta última semana, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha hablado por primera vez de este nuevo paquete de ayudas a las empresas. Un paquete que el Gobierno espera poder aprobar el próximo mes de marzo, y que tendrá como principal objetivo “aliviar la carga financiera de las empresas viables”. Por eso, el ejecutivo español está componiendo este plan junto con el Banco de España y las entidades financieras, en lo que esperan que pueda ser “una nueva colaboración público-privada” de éxito.

De hecho, Calviño anuncio la presentación de este nuevo paquete de ayudas en una reunión del Eurogrupo, en la que reivindicó el éxito que han supuesto los avales ICO para las empresas españolas. A pesar del avance de las negociaciones entre el gobierno español, el Banco de España y los principales bancos del país, todavía no han trascendido detalles de este nuevo paquete de ayudas.

La Ministra de Asuntos Económicos aseguró el lunes que el plan irá alineado con las ayudas adoptadas por la Comisión Europea. Unas ayudas que podrían dotar de hasta 1,8 millones de euros a cada empresa. Sin embargo, no está claro si el plan inyectará liquidez a las empresas a fondo perdido, o si bien se apostará por instrumentos financieros o préstamos participativos.

Por otro lado, el ejecutivo español se muestra esperanzado en poder empezar a utilizar los fondos europeos este mismo mes de marzo. De hecho, Calviño no descarta que ya en marzo el Gobierno presidido por Pedro Sánchez pueda reclamar la parte en préstamos contemplados en los 140.000 millones de euros de los Fondos Europeos que corresponden a España.

Las entidades bancarias confían en las ayudas del gobierno para frenar la morosidad de las empresas

Ante una situación económica compleja e incierta, las entidades bancarias temen un incremento exponencial de la morosidad para este 2021. Y si bien todavía no se está produciendo, el propio Banco de España ya ha recomendado a los bancos españoles que reserven liquidez para hacer frente a impagos. Sin embargo, las entidades bancarias de España no ven con buenos ojos la propuesta del Gobierno de aplicar quitas a las empresas y autónomos que solicitaron avales ICO durante el 2020.

El objetivo del gobierno es rebajar la carga financiera de aquellas empresas que han visto reducida su facturación por los estragos económicos de la pandemia. Pero las entidades bancarias se oponen frontalmente a la condonación de la deuda a las empresas, y apuestan por alargar las carencias de pago. De este modo, el sector bancario sí vería con buenos ojos alargar los plazos de pago de los créditos ICO y apostar por la refinanciación de los créditos.

Pero el ejecutivo español teme que la refinanciación de la deuda solo suponga mayor ahogo para ciertos sectores, que no prevén recuperar su facturación ni en el corto plazo, ni en el medio plazo. La última decisión sobre la condonación de deuda por parte de las entidades recaerá en el Gobierno español, si bien todavía no se ha tomado ninguna decisión firme.

Según datos del ejecutivo español, hasta 600.000 empresas del país se han acogido a préstamos y créditos bancarios durante este 2020. La cifra total concedida en forma de crédito para las compañías españolas ha sido de 115.800 millones de euros, de los cuales el 76% han sido avalados por el ICO.

La Comisión Europea descarta que el BCE pueda condonar deuda

La propuesta de condonación de deuda plana sobre el aire, tanto para el sector privado como para el público. El debate se desató a principios de mes con un manifiesto suscrito por 100 economistas europeos que proponían un pacto con el Banco Central Europeo (BCE) para que apostara por condonar la deuda de los Estados miembro de la Unión Europea. La propuesta, encabezada por el economista Thomas Piketty, apostaba por una condonación total de la deuda pública contraída con el BCE y destinar el dinero a la reconstrucción ecológica y social de los Estados miembro de la Unión Europea.

Entre los firmantes del manifiesto se encontraba la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez. Tanto Narbona como Álvarez, vinculados al Gobierno español, firmaron el manifiesto a nivel personal, pero con una clara alineación con la voluntad del ejecutivo español.

El revuelo del manifiesto obligó a la Comisión Europea a mover ficha y posicionarse. Y su posicionamiento fue claro y manifiesto: “la cancelación de la deuda de los Estados miembro en manos del BCE no es posible porque va contra las reglas de la UE”.  De hecho, la propia Comisión Europea tuvo que recordar que dicha propuesta va en contra del artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Por su lado, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, evitó pronunciarse sobre esta propuesta, y se limitó a repetir que la aprobación del plan de la recuperación europea es imprescindible para “impulsar el crecimiento económico desde este año”.

La deuda pública se dispara en las grandes economías mundiales

Pero el incremento de la deuda, tanto pública como privada, no se produce únicamente en España. Y de hecho, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la pandemia ha condenado a más de 30 países de todo el mundo a contar con una deuda pública superior al 100% de su PIB nacional. Según los cálculos del FMI, Japón seguirá siendo el país con mayor nivel de deuda pública, que podría llegar al 266% de su PIB. Le seguirían Sudán (259%), Grecia (205%), el Líbano (162%), Italia (162%), Portugal (137%), Estados Unidos (131%), Singapur (131%) y España (123%). Los datos muestran que la mayoría de los países del mundo han incrementado su nivel de deuda pública durante este 2020. Un nivel de deuda pública que, según el FMI, será complicado de reducir en el corto plazo.

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