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Las Comunidades Autónomas matizan que parte de los 14.000 millones anunciados por el gobierno español responden al adelanto de la liquidación de 2018. Durante el estado de alarma se suspende la ley de transparencia y es imposible conocer la inversión del Estado en la lucha contra la covid-19

El gobierno español inyectará un total de 14.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas para hacer frente a la crisis sanitaria de la covid-19. Así lo aseguró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su rueda de prensa semanal de balance de la evolución de la crisis sanitaria.

La medida se ha confirmado hoy en la reunión  bilateral entre el gobierno del Estado y los presidentes de las Comunidades Autónomas. Según, fuentes del ejecutivo del país, durante la semana que viene recibirán el 50% que restaba de los 2.800 millones de euros de las actualizaciones de entrega a cuenta, avanzados en marzo.

Según fuentes del ejecutivo, también se encuentra en “tramitación” el anticipo de hasta 5.500 millones del sistema de financiación autonómica. Según Sánchez, la ayuda del gobierno central a las Comunidades Autónomas supondrá “la mayor cifra jamás registrada para las comunidades autónomas”. Según el presidente del gobierno, este año el gobierno central aportará a las Comunidades Autónomas un total de 115.887 millones de euros. Una cifra substancialmente superior a los 107.980 millones del año 2019.

Discrepancias sobre la liquidez aportada

Por otro lado, los gobiernos de las Comunidades Autónomas matizan la inyección de 14.000 millones de liquidez. El matiz viene principalmente a que un tercio de la aportación (5.5000 millones) provienen del adelanto de la liquidación de 2018. Un año en el que hubo una recaptación de ingresos públicos record. De este modo, el incremento en la financiación para las CC.AA sería de 8.000 millones de euros.

Las medidas de incremento de la liquidez por parte del gobierno español también se explica por las competencias en sanidad. Actualmente, los gobiernos de las Comunidades Autónomas asumen las competencias de los distintos sistemas de salud de España. Unas competencias que suponen buena parte del presupuesto de los gobiernos de las Comunidades Autónomas.  En Catalunya, el departamento de Salud  cuenta con un presupuesto de más de 10.000 millones de euros.

Opacidad en los contratos y la inversión para la lucha contra la covid-19

Des de la entrada en vigor del Estado de alarma decretado por el gobierno español el 15 de marzo, se ha congelado la aplicación de ley de transparencia. Desde esa fecha las solicitudes de información al gobierno español no se tramitan. Según fuentes del ejecutivo se volverán a tramitar “cuando se recupere la normalidad”. Estos impedimentos en la aplicación de la ley de transparencia impiden conocer la cantidad gastada por el gobierno para hacer frente a la cirsis de la covid-19. Por ejemplo, a día de hoy es imposible saber qué coste tuvieron los 640.000 test defectuosos que adquirió el gobierno a finales del mes de marzo.

La congelación de la ley de transparencia también impide conocer el número de test distribuidos en cada comunidad autónoma, ni el gasto total en material sanitario. Además, tampoco se están haciendo públicos los nuevos contratos firmados por el ejecutivo. De hecho, la administración central del estado no está tramitando nuevos contratos, por lo que las adquisiciones se realizan por “vía de emergencia”. Se trata de un mecanismo excepcional crado para situaciones de catástrofes naturales.

En relación a las Comunidades Autónomas, algunas de ellas como Cataluña sí está publicando la contratación pública realizada para hacer frente a la crisis sanitaria de la covid-19. Sin embargo, el estado de alarma decretado por el Gobierno español también recentraliza la mayoría de adquisiciones realizadas en el Estado, por lo que el grueso de gasto público relacionado por la covid-19 actualmente no se conoce.

Incumplimiento de la ley de contratación pública

El incumplimiento de la ley de contratación pública en estos momentos es flagrante. Sin embargo, la propia ley establece un plazo de respuesta a las solicitudes de transparencia de 30 días. Según fuentes del gobierno, este plazo empezará a contar el día después de la finalización del estado de alarma. Con esta medida, el gobierno español podría argumentar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, contrasta con la esencia del texto legal que pretende dotar de transparencia a tiempo real de las acciones realizadas por la administración.

Petición de prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo

También ayer el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que el ejecutivo pedirá al Congreso de los Diputados una prórroga del estado de alarma. El gobierno tiene previsto alargarlo hasta el día 9 de mayo, aunque con ciertas relajaciones a partir del 27 de abril. Así, Sánchez propuso ayer medidas de alivio para los menores de edad para que puedan salir a la calle a partir de los últimos días de abril. El presidente del gobierno aseguró que las medidas propuestas se han acordado después de consultarlo con el Comité Científico y el Comité Técnico.

Durante su intervención Sánchez también anunció que el proceso de desescalada del confinamiento será “asimétrico y lento”.  En este sentido, el presidente auguró que no se hará de forma “homogénea” y que podrían haber diferencias según territorios.

En todo caso, el país deberá seguir cumpliendo las seis pautas marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para conseguir el desconfinamiento. Estas medidas pasan por controlar e identificar los infectados o desestresar el sistema de salud. La OMS también exige a los estados medidas preventivas en el trabajo y las escuelas, control de los casos importados y comprometer a la población.

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