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La reforma fiscal que prepara el Gobierno de España tendrá que esperar y no se aplicará hasta que la economía se haya recuperado de los estragos de la Covid-19. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, especificó ayer que la modificación tributaria con la que está trabajando el gobierno, se podría alargar más allá del 2023 si los indicadores económicos no son buenos. “Hasta que no se recuperen las cifras de PIB previas a la pandemia no pondremos en marcha ninguna medida fiscal que pueda suponer un problema añadido”, aseguró ayer la ministra en la rueda de prensa celebrada en La Moncloa para presentar los componentes fiscales del plan de recuperación.

El plan con el que está trabajando el gobierno con un grupo de expertos fija en 2023 la aplicación total de la reforma fiscal. Se prevé que el grupo de trabajo tenga finalizada la propuesta de reforma fiscal en febrero de 2022. Sin embargo, el ejecutivo español ya baraja la posibilidad de retrasar la fecha de aplicación de las nuevas normas fiscales “más allá del 2023”. En este sentido, la ministra de Hacienda alertó que las fechas previstas son “orientativas” y que no debemos “tomar todas las fechas al pie de la letra”.

En todo caso, las previsiones del gobierno siguen siendo poder aplicar la reforma fiscal en 2023 porque las previsiones del ejecutivo son que en un plazo de dos años se pueda recuperar el nivel del PIB anterior a la pandemia. Pero el aviso del ejecutivo hace entrever un aplazo inminente en la reforma tributaria. Una reforma tributaria que el gobierno quiere asentar para la próxima década y que no quiere aplicar en un contexto en el que la economía española se encuentre debilitada.

Cambios sustanciales en los impuestos de sociedades, patrimonio y sucesiones

El objetivo de la reforma fiscal del gobierno de Pedro Sánchez pasa por incrementar la recaudación pública a través de reformas que afecten a las rentas más altas y las empresas con mayor facturación del país. En este sentido, y sin conocer todavía los detalles de la propuesta fiscal, sí se conoce que las principales modificaciones afectarán al impuesto de sociedades, el de patrimonio y el de sucesiones.

Un grupo de 17 profesores y catedráticos en derecho tributario tienen el encargo de elaborar un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. El libro blanco, que está previsto presentarse en febrero de 2022, tiene que suponer un cambio de paradigma en la “baja recaudación” de las arcas públicas en las rentas más altas. “La clase media paga más impuestos en proporción que otras rentas más elevadas y pasa lo mismo con las grandes empresas”, aseguró ayer la ministra Montero. De hecho, el gobierno justifica la reforma fiscal por la petición realizada por parte de la Unión Europea. “La Comisión Europea siempre nos ha exigido que hagamos algo en relación a la baja recaptación”, añadió la ministra, asegurando que “no sería coherente” recibir los fondos europeos y no contar con una presión fiscal “homologable a la de la Unión Europea”.

Y esta presión fiscal se incrementaría, principalmente a través del impuesto de sociedades, el de patrimonio y el de sucesiones. Respecto al impuesto de sociedades, el ejecutivo quiere revertir el “bajo rendimiento” de la norma legal. El gobierno español quiere incorporar una norma a nivel internacional de fijar un tipo mínimo de impuesto en todas las empresas de ámbito internacional. En referencia a los impuestos de patrimonio y sucesiones, con el objetivo de gravar la riqueza sin que la descentralización autonómica pueda dejar sin efecto dichos impuestos, como sucede con Madrid.

 

Mayor presión fiscal para las nóminas de más de 2.400 euros mensuales

Por otro lado, el gobierno también pretende incrementar la presión fiscal de las clases con más recursos económicos a través de un incremento del IRPF de las rentas altas. En concreto, el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de incrementar los impuestos de las nóminas de más de 2.400 euros mensuales a través de un “incremento gradual de la base de cotización máxima del sistema”.

Con esta medida el ejecutivo quiere eliminar la base máxima de 4.070 euros vigente actualmente.  Una base máxima que supone que la retribución que se encuentra por encima de esta cifra queda exenta de pagar más cantidades de IRPF. En todo caso, el ejecutivo prevé modificar las bases de IRPF de cotización máxima de forma gradual en los próximos 30 años. De hecho, esta modificación de la base de cotización máxima tiene un efecto directo en las pensiones, ya que un incremento de dicha base también debería comportar un aumento de la pensión máxima.

La posibilidad de empezar a aplicar la reforma fiscal en 2022 se difumina

El anuncio de ayer de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace entrever que las modificaciones fiscales no se incorporarán en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, como insinuó el ejecutivo hace unos meses. De hecho, el Gobierno pretendía presentar la reforma fiscal en febrero de 2022, pero adelantar algunas medidas para poderlas aplicar ya en los nuevos presupuestos.

Pero los matices realizados ayer por el gobierno hacen prácticamente imposible que la reforma se aplique con tanta celeridad. Una celeridad que ha reclamado la Agencia Tributaria para poder incrementar los ingresos fiscales de 2022. El objetivo del ejecutivo pasa por aproximarse al nivel de impuestos de la media europea. El impuesto que más prisa tiene el ejecutivo en aplicar es el referido al patrimonio. “Tenemos que ver cómo se tiene que expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas”, aseguraba en abril María Jesús Montero.

La caída de la recaudación de las arcas públicas, junto con el incremento del gasto público y un nivel de deuda disparada obligan a una reforma fiscal, que será compleja y que conlleva riesgos en las previsiones de recaudación que pueda hacer el gobierno. Ante la situación de vulnerabilidad de la economía española, todo parece indicar que la reforma fiscal deberá esperar.

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