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El gobierno de España aprobó ayer la primera partida de línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinados a la inversión de pequeñas y medianas empresas y autónomos. Esta primera partida contará con un presupuesto de 8.000 millones de euros y se lanzan con el objetivo de ayudar a la supervivencia y competitividad de los pequeños negocios españoles. El plan de avales a través del ICO destinados a la inversión cuenta con una inversión total de 40.000 millones de euros, que se irán aprobando de forma paulatina.

Según informó ayer la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, la primera línea de avales para inversiones del gobierno tendrá dos ramas de aplicación. De esta forma, se contará con una primera rama de 5.000 millones de euros que se reservarán para préstamos a trabajadores autónomos y pymes. Por otro lado, se reserva una partida de 3.000 millones de euros para “otro tipo de empresas”. En todo caso, todas las empresas o autónomos que quieran adquirir una línea de aval tendrán que justificar la inversión a realizar.

El gobierno contempla unos avales público del 80% para las nuevas inversiones de trabajadores autónomos. En el caso de pequeñas y medianas empresas, el aval público llegará solo hasta el 70% de la inversión total. Otra de las novedades que presentan los avales para inversiones del gobierno pasa por su cobertura, una reclamación de la patronal. De esta forma, los avales tendrán una cobertura de un máximo de 8 años. Con este amplio plazo de tiempo, el ejecutivo español se muestra convencido que la línea de avales se ajustará al máximo a los planes de amortización de las inversiones, de manera que el esfuerzo del empresario sea menor.

El programa para la reindustrialización de España contará con 341 millones de euros

El Consejo de Ministros de ayer también sirvió para aprobar la nueva convocatoria del programa Reindus, destinado a promover la reindustrialización y competitividad industrial de España.  El anuncio del nuevo plan fue lanzado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La ministra se mostró convencida que el plan permitirá “crear más empleo en el sector industrial”. Sin embargo, el objetivo primordial del plan es aumentar la capacidad de producción de España para limitar la dependencia industrial con el mercado internacional. Una dependencia que la propia ministra tildó ayer de “excesiva” y que ha tenido un fuerte impacto negativo durante la gestión de la Covid-19.

Los 341 millones de euros que contempla el plan Reindus para este 2020 irán destinados, mayormente, a apaciguar los efectos económicos producidos por la pandemia en las industrias españolas. Para poder acceder a las ayudas públicas el decreto establece que la empresa deberá haber sido constituida en España, que desarrolle su actividad productiva e industrial en territorio español y que pertenezcan de forma íntegra a capital privado.

La aplicación de este plan se sufragará en buena parte por las ayudas de la Unión Europea, que también se ha fijado la reindustrialización y la sostenibilidad del sector secundario europeo como una de sus prioridades de recuperación económica. El plan español contempla plazos de amortización de seis años y con tipos de interés variables, de entre el 0,1% y el 1,69%. Las pymes contarán con mayores facilidades en acceso al crédito y en el tipo de interés. Sin embargo, el plan contempla unos tipos de interés prácticamente nulos durante el primer año. En los años venideros el porcentaje del tipo de interés iría subiendo, sobre todo para empresas grandes.

El Gobierno ya contempla la posibilidad de volver a alargar los ERTE

Los planes de ayuda y acceso a la financiación a las empresas, no solo van destinado a fomentar la inversión, sino a mantener el ecosistema productivo. Un ecosistema productivo que podría contar con numerosas bajas en el momento que se termine el plazo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Ante los datos de paro y destrucción de empleo del segundo trimestre de 2020 publicados ayer por el EPA, el ejecutivo ya trabaja en nuevas medidas para evitar una mayor destrucción de empleo en los próximos trimestres de 2020. En este sentido,  la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya ha abierto la puerta a extender los ERTE más allá del 30 de septiembre, que fija el acuerdo social entre gobierno, sindicatos y patronal.

“No tendría sentido dejar caer el sistema” aseguró hace unos días Díaz, que se mostró convencida en “no tener miedo” a tener que extender los ERTE unos meses más. La ministra defendió su postura por “el esfuerzo inversor público tan grande” que ha hecho el Estado para salvar puestos de trabajo en empresas afectadas por la Covid-19. De hecho, tanto sindicatos como Patronal ya reclamaron en junio la necesidad de alargar los ERTE más allá del mes de septiembre. Según la Patronal, un levantamiento de los ERTE en septiembre llevaría a muchas empresas a la quiebra. De esta forma, muchos de los trabajadores afectados por ERTE podrían acabar despedidos, a pesar de que la legislación fija un mínimo de seis meses entre la finalización de los ERTE y la posibilidad de llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo.

La creación de empresas repuntó un 64% en mayo

Los datos desalentadores del mercado laboral de España contrasta con una cierta recuperación en la creación de empresas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en mayo se constituyeron 3.788 sociedades mercantiles. Esta cifra supone un incremento del 64% con respecto al número de empresas creadas en el mes de abril. Sin embargo, cabe considerar que en abril se registró el número más bajo de creación de sociedades desde que se tienen datos.

La cifra de cercad e 4.000 empresas constituidas se encuentra a años luz de los datos de los últimos años. De hecho, supone un descenso del 55,9% con respecto al número de empresas creadas en el mes de mayo de 2019. Con estas cifras, la creación de empresas acumula ya cinco meses de tasas interanuales negativas. De hecho, ya antes de la llegada de la Covid-19 a España, el índice de creación de empresas había decrecido. Lo había hecho un 4% en enero y un 9% en febrero. El peor mes fue el de abril con un desplome del 73%, mientras que en marzo, con medio mes ya en Estado de Alarma, la creación de empresas cayó un 73%.

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