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Al menos 2,3 millones de españoles han respirado hondo después de que este viernes 29 de mayo se ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que garantizará una renta media de 10.070 euros anuales a media España. A este ingreso se le podrán añadir otras rentas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, han coincidido en que este ingreso mínimo fomentará la búsqueda de empleo y no retrotraerá la ayuda recibida.

Este IMV llegará a una media anual de 4.400 euros para aquellas personas que no trabajen, pero también será compatible con un trabajo a tiempo parcial, ha explicado Escrivá.

“Es un incentivo muy útil. Incluso los que quieran trabajar algunas horas más y si excede el ingreso mínimo, lo podrán compatibilizar aún con este exceso durante cierto tiempo”, ha añadido.

Según las estimaciones del Ministerio de la Seguridad Social, sumado el IMV y las rentas que puedan tener los beneficiarios, se garantiza una renta media anual de 10.070 euros.

El ministro de Inclusión también ha afirmado que este ingreso lo podrán solicitar aquellos contribuyentes que, aunque en 2019 no cumplieran con los requisitos, han visto en 2020 una caída de ingresos muy grande. Este beneficio social lo podrán solicitar con una declaración responsable del IRPF a presentar este año.

Si la caída supera el 50 % de la renta que del ciudadano tuvo 2019 y tiene un patrimonio “particularmente pequeño” recibirá el IMV.

Reducción de la pobreza

Por otra parte, Escrivá ha explicado que la ayuda reducirá el 80% de la pobreza extrema para rentas de menos de 2.950 euros anuales, y en un 70% para las que van de los 2.950 a los 4.350 euros anuales, que son 550.000 personas en situación de pobreza muy alta.

Los 700.000 beneficiarios restantes de los 2,3 millones, 125.000 saldrán de la pobreza alta y moderada mientras que el resto verá mejorado sensiblemente sus ingresos, con incrementos de alrededor del 10%, según las expectativas estatales.

El fin de la medida es reducir la pobreza extrema en el 87% de los hogares monoparentales, mientras que también la bajará en el 82% de los hogares con hijos y en el 70% de los hogares sin hijos. A su vez, que los hogares que se han identificado puedan pasar a un “estado mejor en la sociedad”.

Escrivá ha resaltado la importancia de que este ingreso no sea una prestación estática, sino que vaya evolucionando según las capacidades de conseguir ingresos de cada familia y hogar.

Así mismo señaló que “se irá ajustando”. En los hogares en los que se trabaje, por cada euro de salario adicional que gane un beneficiario, su IMV se reducirá en una cantidad inferior.

Los hogares que soliciten la prestación y no trabajen deberán inscribirse como demandantes de empleo y cuando encuentren trabajo, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación.

Para ello la Ley prevé un “sello social” que reconozca a las empresas que ayuden a estas personas a insertarse en el mercado laboral, generando incentivos a la contratación por el lado de la Seguridad Social.

Se estima que esta medida tendrá un coste de 3.000 millones, más dependerá de todas las nuevas personas que solicitan el IVM según su necesidad social, ya que esta es un derecho.

 

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