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Venezuela pasó de ser una de las economías más prósperas de la región hace apenas unos años, a transformarse en el país más pobre de América Latina por niveles de ingreso y consumo en 2020. A pesar de la abundancia de petróleo y otros recursos minerales y de poseer millones de hectáreas de tierras cultivables, la llegada de la revolución bolivariana dio al traste con su desarrollo económico y social.

Así lo demuestra la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), según la cual el 96,2% de los hogares venezolanos registra una dramática caída en sus ingresos. Desde 2013 cuando comenzaron a escasear los ingresos provenientes de la renta petrolera y hasta 2019, el PIB país cayó un 70%. Para este año la Cepal espera la actividad económica se hunda otro 26 %.

El estudio elaborado por investigadores de las universidades venezolanas UCAB, UCV y USB, es revelador sobre las actuales condiciones socioeconómicas de los venezolanos. También registra importantes datos demográficos relacionados con la gigantesca migración de los últimos 5 años, el comportamiento de la inflación y los niveles de consumo durante la pandemia del covid-19.

Menos gente y más hambre

Según cifras estimadas de las Naciones Unidas, la población venezolana se redujo en más de 13% con respecto a los últimos datos de población del INE. En Venezuela viven actualmente 28,4 millones de habitantes, 4,2 millones menos que las cifras oficiales de 2011.

La mayor parte de este éxodo de población se produjo entre 2017 y 2020 como consecuencia de la migración masiva de familias que huían del hambre, los malos servicios, el desempleo, la inseguridad y la represión. Durante este período, la tasa de mortalidad del país creció a 26 por cada 1000 nacimientos. Según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hace 9 años la tasa era de 12.

La diáspora venezolana actual es de casi 5 millones de personas distribuidas alrededor del mundo. Aproximadamente la mitad de los migrantes (48%) que decidieron abandonar el país eran jóvenes con edades entre 15 y 29 años. El resto se ubica en un rango de edad comprendido entre los 30 y 49 años.

La fuga de esta gran masa poblacional provocó un envejecimiento inmediato de la base demográfica del país. Entre 2015 y 2020, la población de más de 60 años aumentó de 10 a 12%. El problema es que justamente en ambas capas de población se ubica la población económicamente activa en plena etapa productiva.

Un país desprofesionalizado

Cientos de miles de profesionales y mano de obra calificada en todas las ramas del saber, desde médicos hasta cocineros se marcharon dejando la economía del país desguarnecida. Estos profesionales formados en las mejores universidades venezolanas y de otros países del mundo ahora trabajan como inmigrantes.

Aunque esta migración comenzó mucho antes. En 2003, el entonces presidente Hugo Chávez provocó una purga en la estatal petrolera PDVSA. Aproximadamente 20,000 técnicos petroleros fueron despedidos y muchos debieron emigrar para ser contratados por empresas latinoamericanas o de Medio Oriente.

Años después se generó el descalabro de la empresa que antes de la llegada de Chávez al poder en 1998 era la tercera compañía petrolera del mundo, con una capacidad de refinación superior a los 3,3 millones de barriles diarios de crudo. Ahora no produce ni siquiera gasolina para su consumo interno.

Los migrantes venezolanos están distribuidos en más de 30 países en los cinco continentes. La mayoría reside en Colombia (42%) y Perú (21%), seguidos de Chile (12%), Ecuador (8%). Otros países que han acogido a migrantes venezolanos son Argentina, Brasil, España y Estados Unidos con 3% cada uno del total de los migrantes.

El drama de los repatriados

El resto vive en los demás países latinoamericanos y el Caribe, en Europa, Asia, África y Australia, a donde decidieron emigrar por lazos familiares o posibilidades de trabajo. Esta oleada migratoria  ha sido catalogada por la OEA y ACNUR como el éxodo más grande en la historia del hemisferio occidental de los últimos 50 años.​

Sin embargo, desde marzo varios miles de estos migrantes decidieron regresar después de tener una vida azarosa en otros países o ser maltratados por su condición de inmigrantes. El deterioro de los niveles de vida, el aumento del desempleo y del número de contagios de covid-19b en muchos países suramericanos, provocó el retorno de unos 128,000 migrantes.

La mayoría de los repatriados (71,988 personas), ha ingresado a través de los puestos fronterizos venezolanos en los estados Táchira y Zulia. Mientras que unos 57,000 lo hicieron ilegalmente a través de “trochas” (caminos verdes). Estas cifras siguen creciendo cada día a medida que la crisis generada por la pandemia se profundiza.

Muchos de los migrantes han tenido que vivir un calvario antes y después de intentar ingresar a Venezuela nuevamente, debido a los maltratos gubernamentales. Antes de retornar a sus hogares algunos de ellos han sido víctimas de abusos sexuales, extorsiones y robos por parte de las autoridades. Pero también de los grupos armados (guerrilla y colectivos) que con el aval del régimen socialista controlan los pasos fronterizos.

Aumento de la pobreza por consumo en hogares

El costo de la canasta alimentaria básica en el país es de unos $ 300 mensuales, según los cálculos de precios de julio del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas). El director del Cendas, Oscar Meza, explicó que el problema es que el salario mínimo del país es de poco menos de 2 dólares. Es decir que existe un déficit de más de 98% para poder adquirir alimentos.

“Diariamente en el mes de julio se requerían Bs 108.249,07 diarios” o, lo que es igual, casi tres salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria, comentó el analista. Ese mes la canasta alimenticia familiar costaba cerca de Bs 74 millones. Para comprarla los venezolanos necesitan ganar 184.92 salarios mínimos mensuales ($9.23 / Bs. 2.465.670 diarios).

Según datos de la encuesta de Encovi y de otras organizaciones como Cedlas y Scielo, en Venezuela 68% de los hogares padecen pobreza por consumo. Estos hogares no perciben los suficientes ingresos para adquirir la canasta básica alimenticia.

Un 54% de esa pobreza es reciente, pues aunque pueden satisfacer sus necesidades básicas, la pérdida de empleo y otras situaciones los empujan hacia la pobreza. Otro 41% de hogares padece de pobreza crónica por deterioro permanente de las condiciones de vida y padecer carencias persistentes.

Los venezolanos ganan en promedio menos de 1 dólar diario

El ingreso promedio diario del venezolano se contrajo a tan solo $0,72, mientras que el salario mínimo es de Bs. 400.000 mensuales. Si se le agregan los Bs 400 mil de cestatickets el salario integral aumenta a Bs. 800 mil el equivalente al precio de un cartón de huevos de 30 unidades ($ 2,4).

El gobierno de Nicolás Maduro otorga bonos mensuales a un sector de la población cuyos montos oscilan entre 1$ y 5$. Esto representa el 45% del ingreso de los hogares venezolanos con pobreza extrema.

Cómo si no fueran suficientes los problemas para la población, la pandemia terminó de aplastar la economía familiar. Durante la prolongada cuarentena que se inició a mediados de marzo y aún no termina, 43% de los hogares han reportado problemas para trabajar o pérdida de ingresos.

Debido a las medidas de aislamiento adoptadas, a nivel nacional el desempleo aumentó 6,9%. En las regiones donde las restricciones de movilidad por el virus son mayores la desocupación es de 10,2%.

Además, las remesas que a finales del año pasado se estimaban en unos 3,500 millones de dólares y representan un 54% de las actuales reservas internacionales del país ($6.467) se redujeron de 9% a 5%. A los venezolanos en el exterior ahora también les cuesta más producir dinero.

De los hogares encuestados, 52% declaró haber recibido bonos de organismos gubernamentales entre marzo y abril. Estas “ayudas” estatales son irregulares y casi siempre están influenciadas por estrategias de propaganda del régimen socialista.

Casi 8 de cada 10 venezolanos no puede alimentarse bien

El estudio de Encovi resaltó que para el 70% de los hogares la variación del precio de los alimentos ha sido el mayor impacto durante la cuarentena. La incidencia de la alimentación antes del covid-19 era 39%, pero las limitaciones para producir, la escasez de combustible, el aumento de los costos de mano de obra calificada, la dolarización, entre otros factores, están acelerando el incremento permanente de los precios de los alimentos.

Debido a sus exiguos ingresos, el 79% de los hogares con pobreza extrema no están en capacidad pueden cubrir el costo de la canasta alimentaria. 92% de los hogares que Encovi encuestó, reciben las llamadas cajas de alimentos CLAP que el gobierno compra en el exterior. Este es un subsidio de unos 0,3 dólares, porque su costo al consumidor es de alrededor de $0,3. Pero tampoco llega con regularidad.

Hiperinflación récord que azota los bolsillos

Por último, otra variable macroeconómica que azota a los venezolanos desde noviembre de 2017 es la hiperinflación. La hiperinflación récord que registra Venezuela ya la ubica entre las más prolongadas del mundo, junto con Azerbaiyán, Ucrania, Grecia y Nicaragua.

El año pasado la inflación acumulada del país fue de 7,374.4 % y hasta julio de este año fue de 843.44 %. La tasa de inflación interanual se ubicó en 4099%, según datos de la Asamblea Nacional.

Los rubros que registraron un mayor nivel de inflación fueron el servicio de gas doméstico y agua, aunque son un monopolio del gobierno. Una bombona de gas de 27 kg para algunos hogares puede tener un costo de ($20) pese a que su precio nominal es inferior a 2$.

Pero para que PDVSA Gas, la empresa del gobierno que distribuye los cilindros los despache, se deben pagar con sobreprecio. Aunque algunas las familias afectas al partido de gobierno (PSUV) tienen más facilidad para adquirirlos a su precio normal.

La distribución del gas está discriminada por sectores sociales y privilegiados del régimen. Los sectores más ricos (urbanizaciones de clase media, clase media alta) no reciben el servicio por lo que deben sobre pagarlos al igual que los sectores pobres que no tienen una “conexión” directa con un jerarca del gobierno.

Por otro lado, el servicio de agua es deficiente en la mayoría de regiones del país. En Caracas, las familias se quejaron recientemente de aumentos en las tarifas de este servicio por parte de la estatal Hidrocapital de hasta 399.000%.

Una visión pesimista del futuro

Sin una clara perspectiva acerca del futuro del país y el restablecimiento de la “normalidad” alterada por el covid-19, la visión de los venezolanos sobre su actual situación es bastante pesimista. Según una encuesta realizada por la firma Tendencias Digitales, casi el 70% cree que las cosas van de mal en peor.

Antes de la llegada de la pandemia, la expectativa del 38% de los venezolanos encuestados era iniciar un propio negocio, mientras que 19% estaba haciendo maletas para marcharse. Estos planes se vieron trastocados con los cierres infinitos decretados por el gobierno, que comenzaron temprano y no se sabe cuándo terminarán.

Esto sumado a los bajos ingresos, el cierre diario de decenas de empresas y la falta de salidas políticas a la crisis, configuran un horizonte pesimista. Al contrario de los demás países latinoamericanos, Venezuela es el país latinoamericano que está más enfocado en superar sus problemas inmediatos. Antes que en los problemas futuros.

La dolarización de facto

Después de muchos intentos por impedir el mercado negro de divisas originado por los controles de cambio el régimen se rindió. Las sanciones de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano para obligar a Nicolás Maduro a negociar una salida, el colapso de PDVSA y la caída de los precios del crudo, condujeron a una dramática caída de los ingresos.

La inflación, la emisión descontrolada de moneda sin respaldo y la escasez de divisas pulverizaron el bolívar. El signo monetario venezolano ya no es el principal medio de transacción. Está siendo sustituido progresivamente por el dólar, muy a pesar de la revolución. La economía se tuvo que dolarizar de hecho para poder mantenerse en pie.

61,3% de todas las transacciones comerciales del país se realizan en dólares. Solo 36,1% son en bolívares y alrededor de 2,6% en otras monedas. A pesar de que el gobierno intentó imponer el euro y el yuan (este último por razones ideológicas), al final tuvo que ceder.

Por otro lado, el 59,4% de los pagos en dólares se hacen en efectivo, 25,3% a través de plataformas como zelle y 14.8 % por medio de tarjetas de bancos extranjeros. Algunos supermercados y tiendas por departamentos, han instalado modernos sistemas de pago remotos.

De esta forma pueden evadir las sanciones bancarias de Estados Unidos y captar al consumidor local con divisas. Mediante este sistema, los consumos locales se cargan a cuentas bancarias de negocios en otros países como si la transacción se estuviera realizando en el extranjero.

La mitad de los venezolanos recibe ingresos en dólares

El último estudio de Datanálisis, confirmado por Encovi, evidenció que el 46,2% de los venezolanos recibe algún tiene algún tipo de ingresos en dólares. De este universo, 36% recibe unos $282 mensuales por renta, honorarios profesionales e intereses bancarios. Otro 5,8% percibe aproximadamente un ingreso promedio de $1.073 mensuales y 4,4% vive de las remesas que representan unos $137 al mes.

La mayor parte de estas personas (62%) son empleados de empresas privadas. Ya que decenas de miles de trabajadores se han retirado de la administración pública debido a los bajos salarios que percibe el funcionariado.

Boom pandémico

La difícil situación económica y social del país ha provocado un cambio radical en los venezolanos. Tanto en los que se fueron como en los que retornaron o se quedaron. En medio de la pandemia y para “hacer algo” durante el encierro y generar algún ingreso, han surgido miles de microempresarios con una capacidad de producción insospechada.

El boom pandémico va desde alimentos y textiles hasta mascarillas para evitar el covid-19, en un sinnúmero de emprendimientos que captó la atención del gobierno. Recientemente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas para apoyar a pymes.

“Esta es una medida hasta que superemos las pandemia. Igualmente, las microempresas que se creen desde ahora hasta seis meses superada la pandemia no pagarán el impuesto sobre la renta ni las patentes municipales“, dijo el vicepresidente sectorial del Área Económica, Tareck el Aissami.

Este caramelo del gobierno a los miles de nuevos microempresarios, busca formalizarlos para pecharlos a muy corto plazo. El potencial productivo del país y el deseo de algunos migrantes de regresar para invertir en el país está latente. Aunque la incertidumbre que genera el régimen tutelado desde Cuba, que pareciera no tener fin, pesa también sobre el ánimo de la mayoría.

 

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