A partir del 1 de septiembre España perderá 550 kilómetros de autopistas de peaje. La medida, producida tras la finalización de la concesión, liberará de peajes las principales vías de la costa mediterránea, entre Zaragoza y la frontera con Francia. La mayoría de los peajes que se levantarán se concentran en Catalunya, donde a partir de mañana se contará con 450 kilómetros menos de peaje. La principal caída es la de la AP-7 entre Tarragona y la frontera con Francia. La finalización de la concesión de autopistas como la AP-7, la AP-2, la C-32 o la C-33 se suman a los ya liberados el año pasado, dejando el mapa viario de España con una cifra muy menor de autopistas de peaje.
La caída del peaje de la AP-7 liberará a cerca de 70.000 conductores diarios de pagar por utilizar la autopista. Los costes de mantenimiento de dichas vías se empezarán a pagar a través de los Presupuestos Generales del Estado y de los presupuestos de las Comunidades Autónomas. Con la caída de estos últimos peajes, el 88% de las vías rápidas de España estarán libres de peajes, un hecho que contrasta con la tendencia de la Unión Europea, que apuestan por cargar el coste de las autopistas a sus usuarios a través de peajes.
Antes de la liberalización de los tramos de la AP-7 y la AP-2, España ya contaba con un déficit de 9.000 millones de euros en su red viaria. A esta cifra, el gobierno central ya ha calculado que la liberalización de la AP-7 supondrá un sobrecoste de 627 millones de euros a las arcas públicas, mientras que la C-32 y la C-33 supondrá un coste de 23,7 para la Generalitat de Catalunya.
Cae el peaje más antiguo de España: la C-32 entre Barcelona y Lloret de Mar.
Entre los peajes que caen, destaca el de la C-32 entre Barcelona y la costa dirección norte hasta Lloret de Mar. Una autopista de peaje de cerca de 90 kilómetros de recorrido que lleva vigente en España desde 1969. En su momento, el peaje de la vía rápida se adjudicó a ACESA, actualmente integrada en Abertis, y a pesar de que la concesión vencía en 2004 se prorrogó hasta mañana 1 de septiembre de 2021.
A partir de mañana, la gestión de la C-32 y del resto de autopistas liberalizadas correrá a cargo de las administraciones públicas. Un coste al que se le tendrá que sumar cerca de 1.300 millones de compensación a las compañías concesionarias por las inversiones realizadas por parte de las concesionarias en los últimos años.
Abertis anuncia un ERE de 348 trabajadores por la liberalización de los peajes en Catalunya
El fin de la concesión de los peajes también tendrá efectos inmediatos en la cuenta de resultados del grupo empresarial Abertis. La compañía ya ha anunciado el inicio de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 348 trabajadores. La decisión de Abdertis no ha sorprendido a los trabajadores de la compañía, que ven cómo su tarea de los peajes dejará de tener sentido a partir de mañana. La liberalización de otros peajes el año pasado ya se saldó con un ERE que afectó a más de 300 trabajadores. Las negociaciones entre los sindicatos y la compañía marcan un acuerdo mínimo de indemnización equivalente a 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Sin embargo, los sindicatos lamentan la poca previsión y organización del grupo empresarial a la hora de reestructura su plantilla con el fin de los peajes. Los trabajadores también denuncian la falta de inversión en las autopistas por parte de la compañía. Una falta de inversión que, según los sindicatos, tendrá un efecto directo en la inversión de las administraciones públicas en las autopistas a corto y medio plazo.
ACS y Ferrovial se concentran en una nueva explotación de las autopistas de España
Sin embargo, la liberalización de las autopistas de España y el bajo porcentaje de vías rápidas con peaje podría tener los días contados. En este sentido, ACS y Ferrovial se dan prisa para ofrecer al Gobierno de España una alternativa en la gestión de las autopistas. El enorme déficit de la red viaria que supone para las arcas públicas hace prever un nuevo sistema de pago por uso de las carreteras del país. Y en este sentido ACS y Ferrovial apuestan por un nuevo sistema de peajes en España que podrán generar hasta 12.649 millones de euros anuales. Según la patronal de compañías concesionarias Seopan, la gestión privada de las vías de alta velocidad en España comportaría 3.953 millones de euros para hacienda en concepto de IVA, y cerca de 730 millones de euros referente al impuesto de sociedades. Además, con una nueva gestión de los peajes, se recuperarían 14 millones de euros por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), vitales para los presupuestos de muchos municipios que colindan con las extinguidas autopistas de peaje del país.
ACS se propone centrar su modelo de negocio en las concesiones de infraestructuras
Pero la propuesta de ACS al gobierno de España no impide que el gigante de infraestructuras presidida por Florentino Pérez haga extensiva esta estrategia a otros países del mundo. ACS pretende abrir conversaciones con entidades de inversión en infraestructuras como alternativa a la frustrada adquisición de Autostrade. De este modo, ACS confirma su planteamiento de desinversión en el sector industrial y apostar por las infraestructuras viarias. Tras la caída de los beneficios de ACS en 2020, que se redujeron un 40%, el 2021 parece mucho más prometedor para el conglomerado español. En el primer trimestre del año, ACS ya consiguió mejorar sus resultados un 3,8% y llegar a los 195 millones euros.
El cambio de rumbo de la compañía también ha permitido mejorar levemente su resultado en la bolsa española. El contexto poco favorable de las autopistas en España hizo marcar un mínimo histórico de cotización de ACS en julio de 2021 hasta los 20,8 euros por acción. Agosto fue un buen mes para la evolución del grupo en el IBEX35, incrementando su valor hasta los 23,48 euros por acción. Sin embargo, los datos en la bolsa del gigante de infraestructuras se encuentran todavía muy por debajo de los datos previos a la pandemia, lo que hace prever un margen de crecimiento todavía holgado a medio y largo plazo.
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