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La Comisión Europa ha avalado la propuesta de Presupuestos Generales del Estado elaborada por el Gobierno español, y que ya ha iniciado la tramitación parlamentaria. Sin embargo, el ejecutivo comunitario ha alertado de un posible nivel de deuda “demasiado elevado” en las previsiones realizadas por el ejecutivo español. La Comisión Europea argumenta que la propuesta del Gobierno presidido por Pedro Sánchez “está en línea” con las recomendaciones realizadas desde Bruselas, que abogaban a los gobiernos nacionales a hacer lo que fuera necesario para combatir los estragos económicos de la Covid-19.

Sin embargo, la Comisión Europea desconfía del nivel de deuda de España. Un nivel de deuda que, según el ejecutivo comunitario, ya se enfrentaba a “elevados desafíos” antes de la llegada de la Covid-19 y que podría ser insostenible en el tiempo. Por eso, la Comisión Europea también ha anunciado que realizará un análisis exhaustivo para tratar de analizar “si los desequilibrios existentes se están solucionando, persistiendo o agravándose”. Por otro lado, la Comisión Europea considera indispensable que el ejecutivo español implemente las medidas correctivas para asegurar un nivel de deuda pública sostenible a lo largo del tiempo.

De esta forma, la Comisión Europea avala los Presupuestos Generales del Estado, que se encuentran en tramitación y que todavía no tienen garantizados todos los apoyos parlamentarios necesarios. Sin embargo, el ejecutivo de Bruselas se compromete a analizar la situación económica española y elaborar las recomendaciones económicas pertinentes. Unas recomendaciones económicas que la Comisión Europea realiza para todos los Estados miembro con desequilibrios y que suele publicar en el mes de mayo.

La Comisión Europea ha instado a todos los países a mantener en 2021 las políticas de estímulo económico para respaldar la recuperación y a que retiren las medidas de apoyo cuando la situación epidemiológica y económica lo permita.

La deuda española se eleva hasta el 114% del PIB

Las preocupaciones de la Comisión Europea se fundan en un incremento exponencial de la deuda pública española. Una deuda que, según los últimos datos del Banco de España, en el mes de septiembre se elevó hasta el 114% del PIB español. El incremento, del 8,7% anual se debe a dos factores: por un lado, el incremento de gasto público que soportan las administraciones del Estado debido a los efectos de la Covid-19, y por otro lado, el hundimiento de la recaudación que se ha producido durante los meses de la pandemia.

El volumen de la deuda pública de España es la mayor del último sigue y escala a un ritmo superior, incluso del previsto. El Fondo Monetario Internacional calculó en abril que España llegaría a un nivel de deuda del 114% del PIB en 2021. Un porcentaje que se ha conseguido en el mes de septiembre y que, previsiblemente, seguirá incrementándose en los próximos meses. La deuda actual es la mayor desde 1902. Y buena parte del desequilibrio entre ingresos y gastos en España se produce por una caída de la recaudación tributaria. Una caída de la recaudación tributaria que el FMI calcula que será de 30.000 millones de euros. De este modo, la capacidad recaudatoria de España pasaría a suponer el 39,3% en 2019 al 36,8% en este 2020.

Los Presupuestos Generales del Estado se podrían aprobar el 29 de diciembre

En todo caso, los Presupuestos Generales han pasado ya los dos primeros trámites para conseguir su aprobación. El primero, la luz verde del Congreso de los Diputados para tramitar la propuesta del gobierno.  Una luz verde que se consiguió después de que el PNV, ERC y Ciudadanos no presentaran ninguna enmienda a la totalidad en la sesión plenaria de la semana pasada. El segundo trámite se ha conseguido hoy con el visto bueno de la Comisión Europea para aplicar las cuentas del ejecutivo español.

Pero la viabilidad de la aprobación de los presupuestos todavía no está garantizada. Durante esta semana, la Comisión de Presupuestos de las cortes generales decidirá las enmiendas de los Grupos Parlamentarios que pasarán a debatirse y votarse en el Congreso de los Diputados. En la Comisión, con mayoría de los dos partidos de gobierno (PSOE y Unidas Podemos) analizará durante esta semana las enmiendas presentadas por las diferentes fuerzas políticas.

Y una vez establecidas las enmiendas, los Presupuestos Generales del Estado volverán al pleno del Congreso de los Diputados. Se prevé que el próximo lunes 30 de noviembre los diferentes ministros del Gobierno de España puedan defender las cuentas en la Cámara baja. Será entonces cuando se votarán las enmiendas que no hayan sido incorporadas en la propuesta durante la Comisión de Presupuestos. Sin embargo, se prevé que el apoyo a los presupuestos pueda estar garantizado ya antes del 30 de noviembre. Durante este período, el proceso de negociación entre el gobierno y el resto de fuerzas políticas será clave para garantizar los apoyos necesarios en las cuentas. Por su parte, se prevé que las cuentas se puedan tramitar entre el 9 y el 23 de diciembre en el Senado, la cámara alta, donde no se esperan complicaciones para aprobar las cuentas.

Las cuentas necesitarán el apoyo de al menos 3 Grupos Parlamentarios más 

Una vez aprobados los presupuestos en la cámara alta, la semana siguiente la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, podría convocar el pleno definitivo el 29 de diciembre. Sin embargo, en el Congreso de los Diputados, el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos cuentan con 155 escaños en el parlamento nacional. Esta cifra precisa de 21 diputados más para conseguir la mayoría absoluta. Una cifra que, a priori, precisará del apoyo de más de dos grupos parlamentarios para conseguir la mayoría necesaria.

Ante la previsible negativa total del PP y el partido de ultraderecha Vox, todas las miradas se centran en Ciudadanos, el PNV y ERC. Tras permitir la tramitación, el partido naranja todavía no ha mostrado su apoyo explícito a las cuentas del gobierno. Un apoyo que supedita a la retirada de las negociaciones con ERC y Bildu. Más probable parece el apoyo del PNV a las cuentas, mientras que la izquierda soberanista de Cataluña (ERC), Euskadi (EH Bildu) y Galicia (BNG) se muestra predispuesta a seguir negociando.

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