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Carmen Berríos lleva más de 25 días sin tener agua corriente en su casa. Vive en Petare, una de las barriadas más grande de Latinoamérica. Todas las mañanas abre los grifos para ver si el servicio se ha restablecido. El pasado viernes tuvo que contactar a un sobrino que cuenta con vehículo propio para trasladarse a una fuente de agua a poder llenar los botellones para el aseo de su choza y su aseo personal.

Por los niveles de contaminación de Petare, que pondrían en riesgo su salud si bebiera de esa agua que ha recogido, ha decidido comprar agua potable en botellas. Pero el dinero no le sobra. Tampoco goza de otros servicios estables. Todos los días su hogar experimenta “bajones” o interrupciones breves en el servicio de electricidad.

Petare, una de las barriadas más grandes de todo Latinoamérica donde viven decenas de miles de ciudadanos en condiciones de pobreza.

Petare no cuenta con servicio directo de gas en los hogares y escasamente el Estado administra bombonas de gas doméstico en su comunidad, que llegan en camiones de mes a mes. Tampoco puede usar el transporte público con frecuencia durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus ya que no cuenta con dinero en efectivo para pagar el viaje.

Berríos es una de los 26 millones de venezolanos que atraviesan los problemas de la crisis humanitaria compleja. Pues a pesar de que pertenece a los estratos económicos bajos, los problemas en garantías de servicios básicos, la inseguridad y la inflación no son ajenos a ninguna clase social.

Ante la escasez de gasolina, un nuevo mercado negro

Después de alcanzar una inflación de más de un 1.500.000% en 2018, el gobierno de Nicolás Maduro había conseguido mantener la variación de precios por debajo del 30% en febrero y marzo en el 2020, pero lo que fue considerado como una gran proeza en una economía tan disociada como la venezolana se vino a menos durante la cuarentena por la escasez de la gasolina.

Como consecuencia de la mala gestión de la empresa petrolera estatal (PDVSA) hoy en día la fuerte escasez de combustible impacta en la distribución de todos los servicios, especialmente el de alimentos ya que son los sectores agrícolas del país los que se ven más afectados por la escasez de gasolina. Con un trato aparentemente “preferencial” las estaciones de servicio distribuyen hasta 30 litros de gasolina por camión, lo que no es suficiente ni para atravesar medio estado de Venezuela.

Como consecuencia, los agricultores y en general todas las empresas que prestan servicios acuden al mercado negro de combustible, donde un litro de gasolina puede costar hasta 2 dólares.

En Petare, el barrio de Berríos, el costo de una cesta que incluye ocho artículos básicos subió un 109% desde que comenzó la cuarentena a mediados de marzo hasta mayo, según un informe de la Asamblea Nacional, dirigida por la oposición política, que calcula el índice de precios desde 2017 debido al atraso en las cifras oficiales.

La crisis del crudo

La solución más reciente del gobierno madurista ha sido pedir cinco buques de gasolina de Irán para abastecer las estaciones de servicio durante un mes. Esto sería suficiente tiempo, bajo la lógica chavista, para reactivar las refinerías del país y volver a producir el combustible propio.

El país asiático es uno de los pocos que no teme a las sanciones estadounidenses al involucrarse con el gobierno de Venezuela, ya que Irán también entra dentro de la lista de países sancionados.

“El desastre petrolero nace en los primeros años de Hugo Chávez”

Luis Oliveros, economista venezolano especializado en petróleo, ha puesto en duda que esta operación del ejecutivo consiga un buen resultado. Según ha explicado Oliveros en una entrevista para El País Financiero “el desastre (petrolero) no nace con las sanciones. El desastre nace desde los primeros años de Hugo Chávez”.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999 Venezuela producía diariamente 3 millones y medio de barriles, lo cual, según el especialista violaba las cuotas OPEP. Durante los primeros años del chavismo, la producción disminuyó por debajo de los 3 millones de barriles.

En diciembre del 2002 los trabajadores de PDVSA entraron en paro laboral como muestra de rechazo a las políticas económicas del expresidente. Como consecuencia, otro hito que impactó en la producción: al año siguiente el gobierno de Chávez realizó un despido masivo de 20 mil trabajadores de la oposición altamente especializados y militares y adeptos del chavismo ocuparon sus cargos en la petrolera estatal.

La nueva gestión “privilegió el precio por encima de la producción”, ha dicho Oliveros, cuando en el 2004 el costo del barril era de 147 dólares, incluso por encima del Brent, a causa del conflicto árabe-israelí.

“Chávez siempre se rodeó de gente que le vendió la idea de que el crudo estaría a mejor precio luego”, ha dicho el economista.

Las misiones de Chávez

El Estado vació el presupuesto de mantenimiento de PDVSA para la creación de bonos y misiones sociales que les garantizara el voto popular con dinero inorgánico y paralizaron la inversión petrolera.

En el 2003 el gobierno de Chávez puso en marcha el “Sistema Nacional de Misiones” que agrupaba misiones educativas, de salud, de alimentación y de viviendas que buscaban “luchar contra la pobreza” aprovechando el aumento del precio del petróleo, pero que continuaron una vez estancada la producción nacional.

Los programas sociales más conocidos son la Misión Robinson (de alfabetización), la Misión Barrio Adentro (de cobertura médica gratuita), la Misión Mercal (de venta de alimentos a menor precio) y la Gran Misión Vivienda Venezuela (que otorgaba hogares a personas damnificadas o sin hogar).

Con Chávez las misiones surtieron efecto como proyecto populista. Él, que había llegado a la presidencia en un contexto en el que las clases bajas no se interesaban por votar, se consolidó en el poder a través de su relación con los pobres.

La misma PDVSA también se vistió con una capa social sobre su traje empresarial y participó en proyectos como la creación de estaciones radiales, a los que destinaban los recursos (monetarios y humanos) de la petrolera.

La empresa estatal petrolera PDVSA se ha convertido en una herramienta al servicio del chavismo.

“Se pusieron a hacer cualquier cantidad de cosas muy diferentes a producir petróleo, refinar petróleo y comercializar petróleo”, en palabras del economista Olivares, que produjeron una deuda de 3.000 millones con China y Rusia para el 2006. En la actualidad la deuda pública con estos países es de 125.000 millones.

Los nuevos encargados tampoco vacilaron cuando el gobierno liquidó a las empresas privadas que le hacían competencia, por ejemplo, en la comercialización del combustible.

Luego con Maduro, con índices de pobreza incrementados, los programas sociales se utilizaron para condicionar el voto a través del Carnet de la Patria.

Dinero inorgánico inyectado

Los fondos que se invertían para estos programas sociales no correspondían a los fondos existentes en el Banco Central de Venezuela, pues, si en un principio se les asignó el dinero excedente del presupuesto nacional a causa del alza en los precios del petróleo, no correspondieron a la producción ni a la cantidad de servicios que se ofrecían en el país.

La cantidad de dinero que circula en cualquier país debe estar correspondida por la cantidad de bienes y servicios con los que cuenta su economía para que no se altere el valor de la moneda.

Si, en cambio, el banco central de un país emite dinero ilimitadamente, sin que esté respaldado por bienes reales que el país haya incorporado en su economía, se habla de que las transacciones no están “respaldadas” por las riquezas.

Este fenómeno que se llama “emisión de dinero inorgánico” o “dinero inyectado” y es el principal generador de inflación en el mundo.

Como consecuencia la moneda se devalúa, pues imprimir más billetes no implica crear más riqueza, sino diluir el “valor” de cada billete que circula. Si de un día para otro se duplica la cantidad de dinero en circulación un producto de la cesta básica alimentaria que se podía adquirir con 1 bolívar ahora cuesta 2 bolívares.

Aunado a esto los aumentos constantes del salario mínimo que ha venido decretando el Ejecutivo Nacional, en lugar de ofrecer una solución a los ciudadanos, ha obligado a los empresarios a aumentar los precios de esos productos escasos para poder pagar la nómina de sus empleados, dando rienda suelta a la inflación.

PDVSA con Maduro

Con la muerte de Chávez y la sucesión de Nicolás Maduro en 2012, el chavismo colocó a Manuel Quevedo como presidente de la junta directiva de PDVSA y como ministro de petróleo, y se mantuvo en ambos cargos hasta el 2020. Su gestión se caracterizó por paralizar la producción de petróleo para buscar culpables de la corrupción que había dentro de la empresa.  

Si bien PDVSA ya pasó a ser un “apéndice del partido de gobierno” en la gestión de Chávez, con Maduro las refinerías se volvieron obsoletas y Venezuela acabó de retirarse de las áreas tradicionales como la producción de petróleo crudo ligero.

Solo en 2016 con el precio promedio del barril de petróleo venezolano en 33,15 dólares y una producción de 2,5 millones de barriles diarios, los costos de PDVSA superaron en 4.000 millones de dólares a los ingresos.

“Hoy estamos en niveles de producción de menos de 600.000 barriles diarios con una clara proyección de terminar el año en 500.000 barriles, con inventarios cercanos a los 40 millones de barriles que no se han podido vender por las sanciones”, ni transformar en combustible, ha explicado Luis Oliveros.

Esta caída ha traído como consecuencia una contracción acumulativa de más del 25% del PIB en los últimos años, ya que el petróleo conforma el 95% de los ingresos del país.

Entretanto, la petrolera PDVSA sigue trabajando a pérdidas, ya que el costo de la producción actual oscila entre 18 y 24 dólares el barril, mientras que el crudo se comercializa a 9.60 dólares.

A esto se le ha añadido paulatinamente los efectos de la merma en la producción venezolana, que en principio obligó a los empresarios a importar materia prima que se dejó de conseguir en el país, y posteriormente a los comerciantes importar el producto ya elaborado, lo que terminó de liquidar la producción local.

La hiperinflación, ocho ceros después

De todos los problemas económicos que azotan a Venezuela, la inflación es el problema más antiguo.

Aunque las malas decisiones de Chávez salieron a relucir mucho antes de Maduro, la inflación se conseguía ocultar con las misiones sociales y el barril de petróleo que llegó a comercializarse por encima de los 140 dólares en su mejor momento.

Para hacer menos evidente el alza de los precios el gobierno de Chávez liquidó tres ceros a la moneda nacional en el 2008 cuando acuñó el bolívar fuerte. Este hecho se repitió en el 2018, cuando el gobierno de Maduro eliminó cinco ceros del bolívar fuerte para acuñar el “bolívar soberano”.

El gráfico muestra la hiperinflación que ha sufrido Venezuela en los últimos años mediante la evolución del cambio USD/BsF/BsS | Fuente: Wikipedia

Pero la cifra de la inflación no se puede tapar con un dedo. En noviembre de 2017 los economistas calificaron lo que ocurría en Venezuela como “hiperinflación”, con un aumento interanual de 1.370% en los precios.

En el primer gobierno de Maduro, del 2013 al 2019, la inflación fue de 5.395.536.286% y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional contemplan que este año la inflación registrará un salto del 15.000%

Por esta razón, los venezolanos optan por hacer todas sus transacciones en dólares, lo cual, la mayoría de las veces, consigue estabilizar los precios de muchos bienes.

Sin embargo, también en dólares la cuenta se ha ido inflando a medida en la que más productos importados aparecen en el mercado venezolano en sustitución de productos nacionales, o que fenómenos como la escasez de gasolina obligan a la compra en el mercado negro.

Pobres datos

Se estima que la pobreza por ingreso en Venezuela es de 87%, aunque la cifra no es oficial. Desde el 2014 el estado venezolano, dominado por el chavismo, ha adoptado una política de opacidad. Ante el silencio institucional, las cifras de hiperinflación, desnutrición, mortalidad infantil, epidemiología, entre otras, han sido elaboradas por organizaciones multilaterales o no gubernamentales en los últimos seis años.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), una iniciativa de las tres principales universidades venezolanas, mostró que en 2017 el 56% de población en pobreza se trataba de personas que habían caído en estratos bajos de manera reciente, y el 31% restante era “pobreza crónica”, personas de estratos sociales bajos desde antes del chavismo.

El 89,4% de los encuestados en esa edición consideraron que el ingreso familiar que percibían no era suficiente para la adquisición de alimentos.

Con un salario mínimo de 500.000 bolívares soberanos y una cesta básica familiar por encima de los 24 millones de bolívares, casi la mitad de los venezolanos son beneficiarios de programas del gobierno, como las cajas de alimentos distribuidos en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), mientras que en el 2014 solo el 8% de la población tenía que acudir a las ayudas estatales.

Pero lejos de ser una solución para los más vulnerables, los alimentos Clap llegan sin periodicidad, por lo cual no garantizan el sustento de las familias venezolanas.

La migración, las remesas y la “vuelta a la patria”

La crisis económica, el desabastecimiento, la persecución política y la inseguridad han llevado a 4,8 millones de venezolanos a huir forzosamente al extranjero, según la actualización correspondiente al 5 de febrero de 2020.

Anitza Freites, analista de la Encovi ha asegurado que el fenómeno de la migración también ha “acolchonado” las cifras económicas. Aunque por ahora no se ha podido cuantificar es bien sabido por los venezolanos que al menos una persona de cada familia reside en el exterior y ayuda con “remesas” o envíos de dinero mensuales que manda a sus familiares en Venezuela.

La última ola migratoria que abandonó el país entre el 2014 y el 2016 estaba integrada por personas de estratos económicos bajos que se mudaron a los países vecinos, muchos de los cuales no estaban preparados para integrar laboralmente a tantos migrantes, muchas veces sin formación académica.

Este 2020, en especial tras la pandemia del coronavirus, con el plan gubernamental “Vuelta a la Patria” se ha empezado a notar el regreso de esa ola migratoria, por ahora con ahorros de los países de procedencia, pero ahora sin capacidad de producir ingresos en moneda extranjera.

Las sanciones: línea de tiempo

Aunado a la mala gestión económica, las acciones represivas del gobierno de Maduro contra la oposición venezolana han distanciado a los países democráticos y han sido objeto de sanciones. Pero los primeros afectados siguen siendo los venezolanos.

Las sanciones empezaron el 12 de septiembre de 2008 cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar cualquier cuenta bancaria o bienes que pudiesen tener bajo jurisdicción estadounidense el ex ministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín, y el director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Carvajal, por supuestos apoyos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Luego, considerando las agresiones contra manifestantes opositores en las protestas de 2014, que reclamaban la ilegitimidad de Nicolás Maduro en las elecciones recientes, Estados Unidos sancionó la Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil  de Venezuela en 2014.

Este marco jurídico, impulsado en la administración de Barack Obama, permitió imponer sanciones específicas a determinados individuos en Venezuela que fueron responsables, según el gobierno de Estados Unidos, de violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones.

Posteriormente las sanciones se impusieron en el siguiente orden:

9 de marzo de 2015: Obama ordena al Departamento del Tesoro de Estados Unidos congelar los bienes y activos de siete funcionarios, incluyendo al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

16 de diciembre de 2015: Venezuela escoge a los diputados que integran la Asamblea Nacional, y el parlamento resulta con mayoría opositora.

19 de mayo de 2017: la administración de Trump sanciona a Maikel Moreno junto a los siete miembros de la Sala Constitucional por considerar que han usurpado las funciones de la Asamblea Nacional y aprobar el “estado de emergencia” en Venezuela.

30 de julio de 2017: el chavismo crea una “Asamblea Nacional Constituyente” para intentar sustituir el parlamento venezolano.

31 de julio de 2017: el Departamento del Tesoro penaliza a Nicolás Maduro congelando todos los activos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos.

9 de agosto de 2017: el Departamento del Tesoro inmoviliza los bienes de ocho funcionarios relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente.

La aparición del Petro:

3 de diciembre de 2017: Maduro, anuncia la creación del Petro, una supuesta criptomoneda venezolana “respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante”.

Nicolás Madura anuncia la creación del Petro, la criptomoneda soberana de Venezuela.

19 de marzo de 2018: Trump sanciona el Petro y los bolívares al impedir a los norteamericanos y residentes de Estados Unidos realizar transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por el gobierno de Venezuela.

Al ver que el Petro nunca alcanzó legitimidad en el mercado internacional, el ejecutivo de Maduro asignó la “criptomoneda” a los bonos navideños o “aguinaldos” para los trabajadores estatales y los pensionados. De esa forma, aumentó la deuda pública del Estado con sus ciudadanos.

Con ello también condicionó a ciertos grandes comercios a que aceptaran la moneda si querían seguir operando en el país, de manera que los venezolanos tuvieran alguna opción para hacer transacciones en Petro.

Inicio de las sanciones internacionales:

18 de enero de 2018: la Unión Europea, junto a sus países asociados en semanas posteriores, sancionan a siete funcionarios del Estado venezolano por ser señalados como autores del deterioro de la democracia en el país y les prohíben hacer transacciones con personas o entidades, así como también la entrada a las naciones de dicha comunidad.

27 de marzo de 2018: el gobierno de Panamá aplica una serie de sanciones a 55 funcionarios públicos venezolanos y personas de la alta esfera chavista, añadiendo también sanciones a 16 empresas que operan en Panamá, propiedad de la familia Malpica Flores, parientes de Cilia Flores, la esposa de Maduro.

28 de marzo de 2018: el Consejo Federal de Suiza ratifica las medidas de la Unión Europea e implementa sanciones directas contra Venezuela, congelando los fondos de siete ministros y altos funcionarios “a causa de las violaciones a los derechos humanos y al deterioro del Estado de derecho y de las instituciones democráticas”.

Las elecciones de 2018 y el cambio político:

22 de mayo de 2018: observadores internacionales califican de “ilegítimas” las votaciones del 17 de mayo en las que Maduro resulta reelecto según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Según advirtieron en las elecciones se sobornó el voto popular con el Carnet de la Patria.

23 de enero de 2019: el presidente del parlamento venezolano, Juan Guaidó, se juramenta como presidente interino de Venezuela mientras se planifican nuevas elecciones presidenciales, de acuerdo a la norma constitucional.

28 de enero de 2019: Estados Unidos respalda a Guaidó y el Departamento del Tesoro cancela las órdenes de compra a PDVSA y cede el control de su filial CITGO y de cuentas bancarias del estado venezolano en su territorio al Gobierno de Transición de Guaidó.

5 de abril de 2019: Trump anuncia sanciones contra 34 embarcaciones que PDVSA utiliza para transportar petróleo venezolano a Cuba.

5 de enero 2020: el gobierno venezolano impide la entrada a Guaidó al palacio legislativo el mismo día de la reelección de directiva para la Asamblea Nacional. Ese día un grupo de diputados, encabezados por Luis Parra se juramenta como nueva directiva violando la constitución. Este grupo también es sancionado el mismo día por Trump quien los acusa de “colaboracionismo” con el chavismo.

19 de febrero de 2020: Estados Unidos sanciona a la filial petrolera rusa Rosneft por pactar con PDVSA.

Emergencia Nacional en la pandemia

Los dos primeros casos de coronavirus en Venezuela se dieron a conocer el pasado 13 de marzo, cuando Maduro declaró la emergencia sanitaria nacional y decretó que se iniciaría la cuarentena en todo el territorio a partir del 16 de marzo.

Con el sistema hospitalario venezolano completamente venido a menos, esa misma primera semana de pandemia nacional Maduro se puso de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional que el gobierno socialista desprestigió desde la administración de Chávez y le pidió 5.000 millones de dólares para el financiamiento de la gestión sanitaria.

El 18 de marzo el FMI negó esta ayuda alegando que los países que integran el organismo no se ponen de acuerdo en cuanto a si reconocen a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela o a Guaidó como el presidente encargado.

La pandemia de Coronavirus llega en un momento crítico para Venezuela. La emergencia sanitaria se suma a los problemas preexistentes que ya afectaban a la nación.

Este 25 de mayo, dos meses y medio después de declarar la cuarentena nacional, Venezuela ha llegado a superar los 1.000 casos de coronavirus en el país, por lo cual la infraestructura en un país se ve cuesta arriba, en especial en un momento en que tiene que depender de sus aliados para administrar los recursos.

Mientras tanto, Carmen Berríos sigue confinada en su casa junto con los otros millones de venezolanos que permanecen sin servicios básicos por la mala gestión de recursos del gobierno de Maduro y ahora sin siquiera entretenimiento.

En mayo el gobierno de Estados Unidos sancionó a los canales de televisión estatal venezolanos, y como consecuencia AT&T ordenó la suspensión del servicio de televisión satelital DirecTV en Venezuela, que por ley venezolana no hubiera podido dejar de difundir los canales del estado.

 

Texto por: Isabella Reimi

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