El FMI ha hecho público esta semana los resultados de la misión técnica que hizo en su visita a El Salvador, el país que decidió convertir a bitcoin en una moneda de curso legal.
En el informe, el Fondo incluye el consejo que El Salvador deje de utilizar el bitcoin como alternativa de moneda oficial y otras advertencias, como el probable aumento de la deuda pública en cifras superiores al 95 por ciento del PBI para el 2026.
El FMI dice que el gobierno no está tomando medidas claras de política económica que se destinen a subsanar los desequilibrios fiscales.
La organización monetaria dice, además, que el informe no abarca un dato que considera aún más grave: el plan para emitir bonos soberanos de El Salvador y usar los recursos que se obtengan de allí para comprar bitcoin e invertir en planes de infraestructura, de acuerdo a lo establecido en el anuncio de la construcción de la llamada “Bitcoin City” en un plazo de 10 años.
Este proyecto es el que las autoridades del país centroamericano estiman en mil millones de dólares, según ha informado la semana pasada el presidente Nayib Bukele.
El FMI piensa que la utilización del bitcoin como moneda de curso legal da lugar a grandes riesgos por su alta inestabilidad, por este motivo establece como sugerencia limitar el alcance de la ley e insta al fortalecimiento de la regulación y supervisión de los sistemas de pago.
El gobierno del país, con Nayib a la cabeza, ya habló respecto del tema y se mostró en desacuerdo con el consejo.
Consejos del FMI a El Salvador
El Fondo ha señalado que sugirió a las autoridades políticas económicas como el aumento en tasas sobre bienes y servicios, la focalización de subsidios y alinear los sueldos públicos en comparación con los del sector privado.
De acuerdo con el organismo, si dichas medidas que sugirieron se aplican se podría restablecer la sostenibilidad fiscal y la deuda pública puede disminuir hasta el 79 por ciento del PBI para el 2026.
El presidente salvadoreño señaló su desacuerdo en ciertas políticas que indica el estudio, aunque le parecía atrayente la interpretación que el Fondo hizo de su país debido a que destaca la recuperación de la economía y el manejo realizado para poder contrarrestar las consecuencias que dejó la pandemia.
Conformidad de Nayib Bukele
En la red social Twitter, Nayib indicó que ellos avalan sus medidas económicas expansivas.
Además, dijo que el dictamen establece que la producción industrial, el empleo y los salarios al tercer trimestre del corriente año han alcanzado los niveles anteriores a la crisis por el covid-19.
También, el FMI está proyectando un crecimiento de la economía que alcanzará el 10 por ciento, algo que ya había estimado el Banco Central de Reserva de El Salvador.
Según las autoridades salvadoreñas, las finanzas mejoraron debido al plan para disminuir la evasión fiscal.
Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, en un reportaje que le realizaron en la televisión de El Salvador dijo que la recaudación se encuentra en el camino correcto y comenzaron a reducir lentamente su gasto público.
Qué le dijo el FMI a El Salvador
El reporte del Fondo Monetario Internacional indica que además de esta disciplina fiscal, el país centroamericano necesita de políticas que respalden la sostenibilidad del sistema de pensiones, mediante un fortalecimiento de la relación entre contribuciones y pensiones.
De hecho, el gobierno está estudiando un conjunto de reformas a este sistema.
El presidente señaló hace dos meses que en menos de 30 días iba a presentar al órgano legislativo, que tiene una mayoría oficialista, un proyecto de reforma de pensiones y había prometido una pensión digna para todas las personas.
A pesar de lo prometido, se cumplió ese plazo y dijo que le llevaría unos días más de lo que imaginaba, para la reunión de nuevos insumos a través de lo consultado con los diferentes sectores.
Reforma del sistema de pensiones en El Salvador
Las últimas reformas que aprobó la Asamblea relacionadas con las pensiones, con más de 70 votos (de los 84 totales), han sido en los últimos meses del 2017.
En ese entonces, el órgano legislativo había creado la llamada “Cuenta de Garantía Solidaria” a partir del 5 por ciento de los aportes de cada trabajador y cada empleador.
También, se ha reducido el cobro de las comisiones de más del 2 por ciento a 1,8 por ciento que ganan las empresas que administran los fondos de pensiones por el manejo de las cuentas de los trabajadores.
