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Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, informó que la economía sufrió “daños estructurales” debido a la pandemia de COVID-19. Por ello, pidió extender temporalmente las medidas ya tomadas, como los ERTE. 

El gobernador del Banco de España apuesta por implantar una estrategia a medio plazo de consolidación fiscal apenas se recupere el crecimiento sostenido. Asimismo, planteó una agenda de reformas estructurales “ambiciosa”. Esta contempla introducir figuras como contratos de despidos crecientes o una revisión del sistema educativo.

Igualmente, su estrategia aboga por estudiar modelos mixtos que combinen la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo, mientras el trabajador mantiene el empleo. El mismo contaría con una indemnización en caso de despido, según la experiencia acumulada.

Durante su comparecencia ante la Comisión Para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso, Hernández de Cos explicó que, tras la etapa de hibernación, se inicia una segunda fase en la que la economía está empezando a reactivarse de forma gradual.

El Banco de España proyectó para el segundo trimestre una caída entre el 16% y el 22%, con un retroceso económico de entre el 9% y el 15,1% este año. También estima que dentro de dos años el PIB se situará entre cuatro y seis puntos porcentuales menos del nivel que tuvo en el 2019. Por otro lado, predice que la tasa de paro permanecerá por encima del 17% y la ratio de deuda pública sobre el PIB se ubicará entre el 115% y el 120%.

De retirarse los estímulos fiscales y las medidas de apoyo en general, aumentaría el riesgo de daños “más duraderos” en la economía. En este sentido, los ERTE son un mecanismo que brinda flexibilidad para las empresas ante una crisis que se alarga. 

Banco de España insiste en el mantenimiento de las líneas de apoyo público

Además, el Banco de España recomienda no retirar aún los estímulos fiscales y asegurar la liquidez a las empresas, a través mecanismos de garantía pública una vez se agoten los avales del ICO.

Los datos de abril de la entidad muestran un repunte del 90% del flujo de nuevo crédito de entidades bancarias a empresas. De igual forma, los datos preliminares de mayo apuntan en la misma dirección. No obstante, las empresas más afectadas podrían tener problemas para acceder a la financiación en los próximos meses. 

También solicitó que haya políticas activas de empleo y la formación de los trabajadores suspendidos temporalmente para mantener su empleabilidad. Igualmente, el Banco de España pidió la revisión de los procesos de reestructuración e insolvencia empresarial. 

De este modo, las empresas con dificultades financieras tendrán acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permitirá continuar con su actividad empresarial.

En lo que respecta a las rentas, ha insistido en la necesidad de facilitar la adaptación del tejido productivo a las nuevas realidades y la reasignación eficiente de los recursos entre sectores y empresas. 

Asimismo, para las pensiones, propuso fijar un nivel mínimo de prestaciones que incorpore mecanismos de ajuste entre la esperanza de vida y el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación para estabilizar el sistema.

Las condiciones del Gobierno español

El Gobierno evalúa la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 30 de septiembre. Las empresas que adoptaron esta medida tienen prohibida la realización de horas extraordinarias, el establecimiento o la reanudación de externalizaciones de la actividad y la concertación de nuevos contratos. Sea de forma directa o a través de una empresa de trabajo temporal. 

A pesar de que la prohibición ya estaba contemplada en la propuesta anterior, esta nueva edición cuenta con una excepción. 

Las compañías solo podrán contratar o externalizar tareas si los trabajadores de su centro de trabajo no pueden por formación, capacitación y “otras razones objetivas o justificadas”, hacer las funciones encomendadas al empleado que se contrata o a la externalización. Para ello, la empresa deberá informar previamente a los representantes legales de los trabajadores. Habrá sanciones en caso de incumplimiento. 

 

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